Áncash: Fiscalía exhorta a evitar actos de violencia durante paro del 13,14 y 15 de noviembre
Simultáneamente, Manuel Mendoza Ramos, miembro de las rondas campesinas de Áncash, denunció el aumento de actividades delictivas en Pomabamba y advirtió sobre la insatisfacción de la población ante la falta de efectividad del sistema judicial en la región.
Frente al anunciado paro de transportistas para este 13, 14 y 15 de noviembre, el fiscal de Prevención del Delito en Áncash, Carlos Rodríguez Martínez, instó a los manifestantes a evitar excesos y respetar los derechos de los demás, enfatizando la importancia de llevar a cabo protestas pacíficas y legales. Rodríguez explicó que la Policía Nacional, a través de su área de inteligencia, está coordinando estrategias de acción y contrainteligencia para prevenir actos de violencia y proteger a la ciudadanía durante el paro.
“La Constitución y el Tribunal Constitucional reconocen el derecho a la huelga como una expresión legítima de disconformidad ciudadana. Sin embargo, este derecho no debe ser usado para afectar la propiedad pública o privada ni para interrumpir las vías mediante acciones como la quema de llantas o cualquier otro acto que altere el orden público”, sostuvo el fiscal.
Asimismo, Rodríguez exhortó a los participantes a que, si bien tienen el derecho a manifestarse, lo hagan dentro del marco de la ley, destacando la responsabilidad y moderación que ha caracterizado en el pasado a las protestas en la región de Áncash.
Advertencia ante Casos de Justicia por mano propia en comunidades rurales
El fiscal también se refirió a los recientes casos en los que ciudadanos han tomado la justicia en sus manos en respuesta a la creciente inseguridad. Indicó que esta situación refleja una insatisfacción general con el sistema de seguridad y las políticas de control del crimen, que han sido insuficientes para reducir la delincuencia en ciertas zonas.
“La insatisfacción ciudadana está llevando a algunas comunidades campesinas a adoptar medidas de justicia propias, lo cual es grave. Aunque la Constitución permite que las comunidades ejerzan ciertos actos de justicia dentro de sus competencias, estos deben respetar los derechos fundamentales. Las comunidades pueden aprehender y trasladar a los presuntos delincuentes a la policía, pero no deben incurrir en actos de violencia extrema ni vulnerar derechos fundamentales como la vida o la integridad física”, declaró Rodríguez.
El fiscal hizo un llamado tanto a la ciudadanía como al gobierno, subrayando la necesidad de reforzar las políticas de seguridad y de que las autoridades intervengan de manera más efectiva para frenar el incremento de delitos, evitando que la población recurra a la justicia por mano propia.
Pronunciamiento sobre la delincuencia en zonas rurales
Simultáneamente, Manuel Mendoza Ramos, miembro de las rondas campesinas de Áncash, denunció el aumento de actividades delictivas en Pomabamba y advirtió sobre la insatisfacción de la población ante la falta de efectividad del sistema judicial en la región. Mendoza criticó que delincuentes reincidentes, incluso pertenecientes a grupos criminales extranjeros, sean liberados poco tiempo después de ser detenidos, situación que considera resultado de la flexibilidad del Código Penal y la intervención de organismos de derechos humanos.
«La población se siente desamparada ante la inseguridad, y en lugares como Pomabamba la situación se está desbordando, al punto que las rondas campesinas han tenido que tomar la justicia en sus manos», explicó Mendoza, quien llamó a las autoridades de la Fiscalía y el Poder Judicial a intervenir en estos casos antes de que los enfrentamientos resulten en desenlaces fatales, como ocurrió recientemente en San Marcos.
