Defensores públicos en Áncash inician huelga indefinida exigiendo mejoras salariales

Los abogados de la Defensa Pública de Áncash, afiliados a la Federación Nacional de la Defensa Pública, han iniciado una huelga indefinida en respuesta al incumplimiento de acuerdos suscritos con el Ministerio de Justicia. Según informaron los representantes de la base regional, el ministerio no ha cumplido con el compromiso de incremento salarial pactado el año pasado, lo que ha generado insatisfacción y protesta entre los defensores públicos, quienes demandan una respuesta concreta del Gobierno.

Uno de los voceros de la base Áncash explicó que la huelga se debe a una serie de problemáticas que incluyen la falta de aumento salarial, la sobrecarga de trabajo debido a un déficit de personal y modificaciones al reglamento interno que incrementan las horas y jornadas laborales sin retribución económica adicional. «Se nos exige trabajar en jornadas presenciales de madrugada sin compensación económica, y esto se ha hecho sin consultar a los trabajadores ni considerar los derechos laborales ya establecidos», expresó el vocero.

Se estima que entre un 60% y un 70% de los defensores públicos de Áncash han decidido paralizar sus actividades como medida de protesta. Los abogados señalan que esta huelga es indefinida y que no planean levantarla hasta que el Gobierno proponga una solución efectiva que atienda sus demandas y corrija la situación de desigualdad salarial existente entre quienes desempeñan las mismas funciones en el sector.

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La lucha por mejores condiciones laborales no es nueva para los defensores públicos. Según los trabajadores, desde el 2018 han buscado equiparar sus salarios y mejorar sus condiciones, pero los acuerdos suscritos con el Ministerio de Justicia han quedado en actas sin ejecución. El año pasado, realizaron dos huelgas en demanda de estos cambios, pero los compromisos no se cumplieron, lo que ha profundizado la frustración y la insatisfacción en el sector.

La falta de acción por parte del Gobierno ha llevado a que varios defensores públicos inicien procesos judiciales individuales en busca de homologación salarial. Sin embargo, los abogados cuestionan esta vía y consideran que debería ser el Gobierno quien tome la iniciativa para evitar la sobrecarga del sistema judicial y atender una necesidad social fundamental.

«Esperamos que el Ministerio de Justicia y el Gobierno tomen cartas en el asunto y brinden una solución que acabe con la discriminación salarial y la sobrecarga laboral que estamos enfrentando», enfatizó uno de los trabajadores en huelga. Mientras tanto, los servicios de defensa pública en Áncash se mantendrán suspendidos de manera indefinida, afectando la atención a diversos casos judiciales en la región.