La huelga indefinida de los abogados de la defensa pública llegó a su sexto día sin avances significativos en las negociaciones con el Ministerio de Justicia. Según la doctora Ester Manrique, secretaria general de este gremio, el Ejecutivo ha mostrado «indiferencia» frente a sus reclamos, lo que ha llevado al colapso de numerosos juicios orales en curso y un impacto directo en los ciudadanos más vulnerables que dependen de sus servicios legales.
Manrique denunció que, a pesar de los acercamientos iniciales con las autoridades, no ha habido voluntad para atender las demandas del gremio, entre las que destacan un incremento salarial y la modificación del Reglamento Interno de Servicios (RIS). «No tenemos suficiente personal para cubrir los horarios de turno y tampoco recibimos compensación por trabajos nocturnos», afirmó, resaltando que sus condiciones laborales ponen en riesgo su integridad física.
Un conflicto estructural y un sistema en jaque
La huelga afecta principalmente a trabajadores bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), quienes representan la mayoría del personal en este sector. En regiones como Áncash, 34 trabajadores acatan la huelga, mientras que otros no pueden sumarse debido a la renovación condicionada de sus contratos.
El impacto de la huelga se siente en los juzgados, donde numerosos procesos judiciales están siendo suspendidos, lo que podría provocar el quiebre de juicios iniciados hace meses. “Pedimos la solidaridad de la población, de los jueces y fiscales, porque nuestra lucha es justa”, expresó Manrique.