Huaraz: Capacitan a alcaldes para agilizar certificación de zonas arqueológicas

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) ha iniciado un ciclo de capacitaciones dirigidas a alcaldes y funcionarios de gobiernos provinciales y regionales para mejorar la gestión de los trámites relacionados con la certificación de zonas arqueológicas. Este esfuerzo busca optimizar el proceso de monitoreo arqueológico, crucial para la ejecución de obras de infraestructura como el mejoramiento de vías y habilitación de nuevos accesos. Las autoridades del sector destacan que el objetivo principal es reducir los tiempos de espera, evitando demoras innecesarias que afectan tanto a los gobiernos locales como a la población.

Uno de los puntos críticos identificados durante las capacitaciones es la alta tasa de expedientes mal formulados que ingresan al sistema. Según las autoridades, el 90% de los documentos presentados por los consultores no cumplen con los requisitos adecuados, lo que retrasa el avance de las obras y genera responsabilidades innecesarias para el Ministerio de Cultura. Esta falta de preparación por parte de los consultores no solo impacta la eficiencia de los trámites, sino que también crea un embudo administrativo que afecta la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las demandas de la población.

Para resolver esta situación, se ha propuesto una mayor orientación a los consultores y a los responsables de los expedientes, a fin de que comprendan mejor los procedimientos y eviten los errores recurrentes. Además, se está promoviendo la utilización del “silencio administrativo positivo”, que permite la continuidad de los trámites mediante una declaración jurada, una herramienta legal que hasta ahora no ha sido aprovechada de manera adecuada. Esta medida podría facilitar los plazos y agilizar la certificación de zonas arqueológicas, contribuyendo a una gestión más fluida y eficiente.

A largo plazo, la DDC espera que la implementación de estos procedimientos simplificados no solo mejore la eficiencia administrativa, sino que también minimice los retrasos en los proyectos de infraestructura. El desafío será asegurar que los gobiernos locales acepten la declaración jurada como alternativa válida, un tema que sigue siendo debatido debido a la falta de claridad en algunas normativas. De lograr revertir estos problemas, el proceso de certificación podría avanzar con mayor celeridad, beneficiando tanto a las instituciones como a la sociedad civil, que espera respuestas más rápidas a sus necesidades de desarrollo.