Se ha tomado la decisión de revocar el permiso inicialmente otorgado a la empresa Comercial Trujillo para la construcción de una rampa de ingreso a su local. Esta acción se produce tras revelarse que la empresa había intervenido en la pavimentación de la avenida Raimondi, que actualmente está en plena ejecución. Pocos días antes, la compañía había modificado la vereda en un intento por facilitar su acceso.
Revocación del permiso de construcción
Según Juver Garay, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, la autorización para la construcción de la rampa se emitió sin que la empresa hubiera cumplido con todos los procedimientos exigidos por el municipio. Esta irregularidad ha llevado a la municipalidad a iniciar un proceso de revocación que, se prevé, concluirá en un plazo cercano. Garay subrayó que la empresa actuó por fuera de la normativa vigente, que prohíbe la construcción de rampas definitivas en la avenida Raimondi, permitiendo únicamente rampas móviles.
Consecuencias administrativas y legales
La decisión de cancelar el permiso no solo implica la eliminación de la rampa ya construida, sino que también ha desatado acciones legales. Garay anunció que se iniciarán procesos administrativos contra los responsables, con el objetivo de establecer responsabilidades y buscar el resarcimiento económico necesario para la municipalidad.
Además, ya se ha interpuesto una denuncia ante la procuraduría, lo que sugiere que el caso podría escalar a un ámbito penal, si así lo determina la investigación. El gerente municipal insistió en que se están tomando acciones tanto administrativas como legales desde el momento en que la municipalidad tomó conocimiento de la intervención.
Próximos pasos
Por el momento, la empresa Comercial continúa en un proceso administrativo que podría enfrentarse a serias repercusiones. La municipalidad ha solicitado una valoración de los trabajos realizados, la cual será entregada al procurador para cualquier acción necesaria, incluyendo el posible requerimiento de compensaciones económicas. Sin embargo, en este punto todavía no se ha definido un monto específico para dichas compensaciones, ya que el proceso de investigación está en sus primeras etapas.
La situación se mantiene en vigilancia mientras la municipalidad busca ecualizar los intereses de una obra pública en curso, resaltando la importancia de seguir los procedimientos establecidos y garantizar la integridad de las construcciones urbanas.