Los defensores públicos de Huaraz, al igual que en diversas partes del país, continúan su huelga nacional, que este miércoles cumplió su décimo tercer día de protestas en las calles. Esther Manique, representante de la Federación Nacional de la Defensa Pública, afirmó que la medida de lucha responde a la falta de atención por parte del Gobierno, que no ha dado respuesta a su principal demanda: la nivelación salarial. Esta protesta afecta a un sector crucial del sistema judicial, pues los defensores públicos representan a personas vulnerables, muchas de las cuales no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar un abogado en procesos penales o familiares.
A pesar de la presión que han ejercido durante estos días, los defensores públicos no han logrado que el gobierno atienda sus demandas de manera efectiva. Este paro tiene tres puntos clave: la igualdad salarial entre los defensores, la modificación del reglamento interno y el cambio en la dirección general de la Defensa Pública. Según denuncian, hay una evidente desigualdad en los salarios, ya que los defensores de mayor antigüedad ganan menos que los más nuevos. También piden que se reconozcan las diferencias entre el trabajo diurno y nocturno, ya que, según sus declaraciones, las horas de trabajo nocturno no se compensan adecuadamente.
El impacto de la huelga, sin embargo, va más allá de los salarios. La protesta está afectando directamente a la población vulnerable que depende de los servicios de los defensores públicos. En muchos casos, los defensores están desatendiendo a una cantidad significativa de personas que no pueden costear un abogado privado, lo que agrava la situación judicial de miles de ciudadanos.
El día de ayer se instaló una mesa de diálogo entre los representantes de los defensores públicos y el Gobierno, lo que ha generado cierta esperanza en el gremio de que sus demandas se solucionen. Sin embargo, la huelga continuará hasta que no haya un compromiso concreto por parte del Gobierno, que incluya la promulgación de un decreto y un presupuesto específico para solucionar la desigualdad salarial. La federación dejó claro que, aunque la mesa de diálogo se haya instalado, no levantarán la huelga hasta que se garanticen medidas claras y efectivas.