Fiscal alerta sobre justicia por mano propia tras incidente en Pomabamba

En un incidente que ha generado gran controversia en Pomabamba, el alcalde de la localidad fue forzado a recorrer las calles principales vestido con las vestimentas tradicionales de la zona, como parte de una protesta impulsada por la comunidad. La medida fue tomada debido al incumplimiento de promesas del alcalde, lo que desató la ira de las rondas campesinas. Este suceso, aunque enmarcado en las tradiciones locales, ha generado cuestionamientos sobre los límites de la justicia popular y el respeto por los derechos fundamentales.

El fiscal de Prevención del Delito, al tomar conocimiento del hecho, expresó su preocupación por las acciones de las rondas campesinas, exhortando a las comunidades a respetar los derechos humanos y evitar recurrir a la violencia. Aunque las rondas campesinas tienen un rol constitucional dentro de su jurisdicción, este no puede sobrepasar los límites establecidos por la ley, especialmente cuando se vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana. Además, destacó que las acciones de justicia por mano propia, como la humillación pública del alcalde, no deben ser toleradas ni repetidas en el futuro.

Por otro lado, el jefe de la administración de la región policial de Áncash, Gastón Alzamora, señaló que la comisaría de Pomabamba ya se encuentra investigando los hechos ocurridos y aseguró que se tomarán las medidas pertinentes. En su intervención, destacó que la comunidad debe confiar en la policía y en las autoridades para la resolución de estos conflictos, advirtiendo que actos como estos pueden generar consecuencias legales para quienes los promuevan.

Este incidente pone de relieve la creciente preocupación por la falta de cumplimiento de promesas electorales y la creciente inseguridad en diversas regiones del país. Sin embargo, la solución a estos problemas no puede pasar por la violencia o la justicia por mano propia, sino por el respeto al marco legal y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar el orden público y la seguridad. Las autoridades hacen un llamado a la paz social, recordando que el respeto a los derechos humanos debe prevalecer ante cualquier reclamo o protesta.