Investigan a policías de Casma por manipulación de pruebas en caso de drogas

El Juzgado Penal Unipersonal de Casma ha dictado una condena de 13 años de prisión a A.L.C. por el delito de tráfico ilícito de drogas. Esta decisión se produce en el contexto de un caso que ha levantado serias suspicacias sobre la actuación de la Policía Nacional, específicamente de la unidad de Antidrogas AREINCRI en Casma.

La controversia en la incautación

La situación se complicó cuando durante el proceso judicial se detectaron irregularidades en el acta de intervención. Inicialmente, se había informado la incautación de 500 semillas de marihuana al momento de la detención de A.L.C. Sin embargo, un informe posterior consignó únicamente 99 semillas, lo cual podría haber influido en la severidad de la condena. Según fuentes judiciales, la diferencia en las cifras es significativa, ya que la cantidad de 100 semillas o más podría haber llevado a una pena más grave.

Investigación a efectivos policiales

Ante las discrepancias en la documentación, el Juzgado Penal ha decidido remitir copias del proceso a la Inspectoría de la Policía Nacional para investigar a seis efectivos involucrados. Entre ellos se encuentran el suboficial PNP de Tercera, L.G.A. H., y el suboficial PNP de Segunda, J.A.G.D.. Estos oficiales fueron responsables de elaborar el acta de registro domiciliario y de incautación de droga.

Credibilidad de las pruebas

El acta que reporta la incautación de las 500 semillas fue elaborada en presencia del fiscal Jhony Yupanqui Dávila, quien estuvo presente durante la intervención. Este documento ha sido considerado por los jueces como más creíble, lo que ha llevado a cuestionar la integridad del proceso realizado por los efectivos policiales. La discrepancia en las cifras no solo pone en entredicho la actuación de la policía, sino que también plantea serias dudas sobre la cadena de custodia de la evidencia incautada.

Consecuencias del caso

La condena de A.L.C. es solo el primer paso en un caso que podría tener repercusiones más amplias para la Policía Nacional. La investigación en curso buscará determinar si hubo mala fe o negligencia por parte de los oficiales involucrados en la intervención inicial.