El Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública lleva a cabo su décimo quinto día de huelga, enfrentando la adversidad de un recorte en sus salarios implementado por el Gobierno Central. A pesar de esta medida coercitiva, los trabajadores han reafirmado su compromiso con la lucha por la igualdad salarial y otros derechos laborales fundamentales. La secretaria general del sindicato, Esther Enrique Gamarra, compartió los detalles de la situación actual y las expectativas de los defensores públicos.
Contexto de la huelga
La huelga, que comenzó el 12 de noviembre, ha sido motivada por la falta de soluciones por parte del empleador y una creciente insatisfacción con las condiciones laborales. Destacando que la situación se ha vuelto insostenible, ya que el recorte de haberes busca intimidar a los trabajadores.
«Estamos aquí para reclamar un derecho justo, la igualdad salarial», afirmó.
Expectativas de la Mesa de Diálogo
En la mesa de diálogo, se han alcanzado ciertos acuerdos, pero el obstáculo principal es la falta de un acta firmada que formalice estos compromisos.
«Esperamos que hoy se plasme un documento que nos permita poner fin a esta huelga», expresó Gamarra, enfatizando que la indiferencia del Gobierno hacia sus demandas ha afectado no solo a los trabajadores, sino también a los sectores vulnerables que dependen de sus servicios.
Impacto en la comunidad
La huelga ha tenido repercusiones significativas en la atención a procesos penales y de familia en el Poder Judicial. Por lo que, Gamarra hizo un llamado a la comprensión de la población afectada, explicando que muchos usuarios no pueden recibir la asistencia legal que necesitan debido a la paralización de actividades.
«Lamentamos informarles que no podemos acompañarlos en sus audiencias. Les pedimos paciencia», solicitó.
Puntos clave de la negociación
Los defensores públicos han delineado tres puntos fundamentales que esperan sean incluidos en el acta de compromisos:
- Modificación del Régimen Interno de Supervisión (RIS): se requiere una revisión para mejorar las condiciones laborales.
- Incremento Salarial: un aumento en los salarios que se ajuste a lo acordado en las conversaciones, que debe implementarse mediante un decreto de urgencia en enero.
- Destitución de Autoridades Incompetentes: se busca la evaluación de la gestión de las autoridades que han obstaculizado el progreso de las negociaciones, incluyendo la evaluación del director nacional de la Defensa Pública.
Por lo que, a pesar de los desafíos y las represalias, el Sindicato de Trabajadores de Defensa Pública se mantiene firme en su lucha por derechos laborales justos.