El 25 de febrero, el barrio de Shancayán fue escenario de un trágico incidente que resultó en la muerte de un joven de 20 años, identificado con las iniciales J.L.P. Dentro de la celebración de yunza, se generó un incidente que desencadenó un disparo, por la que falleció la víctima. Casi diez meses después de este suceso, se ha dado a conocer que el responsable ha sido liberado tras coordinar un acuerdo con los familiares de la víctima.
Declaraciones del abogado
Oscar Durán, abogado del implicado, confirmó la liberación de su cliente, quien salió en libertad el 3 de diciembre. Según Durán, esta decisión no se debió a un vencimiento de plazos ni a un exceso de carcelería, sino a un acuerdo alcanzado que implicó una reducción de la pena.
“Él ha asumido su responsabilidad desde el primer momento y eso ha sido valorado,” explicó Duran.
El abogado enfatizó que el caso ha generado una considerable atención mediática, lo que ha llevado a malentendidos sobre el estado actual del proceso judicial; aclarando que el imputado no ha salido inocente ni absuelto; más bien, se ha realizado una modificación del delito inicial de homicidio calificado a homicidio simple, lo que resultó en una pena reducida de siete años de cárcel.
Modificaciones en la acusación
Duran explicó que la revisión de las pruebas balísticas y antropométricas determinó que el disparo no se realizó por la espalda, como se había supuesto inicialmente, lo que cambió la naturaleza del delito.
“Si el disparo ha sido por delante, esa circunstancia termina y desaparece, convirtiéndose en homicidio simple” indicó.
La pena por homicidio simple en Perú varía entre seis y 20 años, y en este caso, el joven recibió una pena de siete años, aplicando además un criterio que considera la responsabilidad restringida por su edad al momento del delito, ya que tenía solo 20 años. La ley permite una reducción de la pena en estos casos, lo que facilitó el acuerdo alcanzado con la madre de la víctima, quien no ha manifestado desacuerdo con la resolución.
Condiciones de libertad
A pesar de su libertad, el joven responsable del hecho deberá cumplir con ciertas normativas y reglas de conducta durante un periodo de siete años. Esto incluye firmar periódicamente y mantener un seguimiento ante las autoridades judiciales, asegurando así que se rinda cuentas sobre su comportamiento y actividades.