Irregularidades en Hatun Ancash III: Pinto citada por DIVINCRI

La consejera por la provincia de Huaraz, Janet Pinto, confirmó que ha sido citada como testigo en el caso relacionado con posibles irregularidades en el proyecto Hatun Ancash II, específicamente sobre el presunto fraude cometido por funcionarios del Gobierno Regional de Áncash. Según Pinto, la investigación se centrará en una falsedad generada en la información brindada por el ingeniero Fernando Solís y el doctor Marco La Rosa. La denuncia, que fue formalizada ante la Fiscalía, también involucra al exsubgerente de estudios del GORE Áncash, quien habría incurrido en inconsistencias en la revisión de los expedientes de las municipalidades beneficiarias del proyecto.

La consejera mencionó que a pesar de la presentación de un tercer proyecto Hatun Ancash III, que debía beneficiar a 166 municipalidades y 20 provincias, solo siete pudieron acceder debido a la falta de revisión adecuada de los expedientes. En particular, las municipalidades de Culebras y Carlos Fermín Fitzcarrald fueron afectadas por la omisión de observaciones cruciales en los informes, lo que genera sospechas de mala gestión. La consejera enfatizó que la responsabilidad recaía en Solís, quien era el encargado de asegurar la correcta revisión y aprobación de los expedientes antes de su presentación.

Por otro lado se dio a conocer sobre el estado del proyecto de la vía de evitamiento Huaraz–Recuay. La consejera mencionó que el contrato para la ejecución de esta obra está en riesgo de ser disuelto debido a las constantes observaciones al trabajo del consultor. Este retraso y las dificultades en el proceso de revisión podrían significar que el proyecto no se concrete en la actual gestión. Pinto lamentó que, de continuar la situación, los huaracinos no verán concretado este importante proyecto, que ha sido un anhelo para la región.

La consejera hizo un llamado al gobierno regional para que tome decisiones rápidas y eficaces ante las irregularidades y retrasos, ya que estos afectan tanto la credibilidad de los proyectos como el bienestar de los ciudadanos que esperan mejoras en infraestructura.