Mineros informales en Áncash exigen cambios en el proceso de formalización

La minería informal sigue siendo un desafío crítico en Áncash, especialmente en zonas como Pampas y Pasto Bueno, donde la actividad ha generado contaminación en ríos clave como el Río Plata, el Río Tablachaca y el Río Santa. A esto se suma la grave problemática de contaminación por arsénico en las provincias de Aija y Huarmey, que afecta directamente la salud de las comunidades locales.

En Huarmey, estudios recientes han confirmado que decenas de personas, incluidos niños y mujeres gestantes, presentan niveles alarmantes de arsénico en su organismo. Esta situación ha sido vinculada a actividades mineras en la región, lo que ha llevado a las comunidades a exigir investigaciones exhaustivas y la declaratoria de emergencia sanitaria. En Aija, la contaminación por arsénico también ha generado preocupación, afectando tanto a los recursos hídricos como a la calidad de vida de los habitantes.

En el marco de la discusión de la Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsada por el Ejecutivo, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) ha planteado tres objetivos principales:

1. Formalización sin plazos: Los mineros informales exigen que el proceso de formalización sea permanente, argumentando que los plazos actuales son restrictivos e ineficaces. Según Ismael Palomino, coordinador general de Confemin, la minería debería ser regulada de manera similar a otras actividades económicas, como la apertura de una farmacia.

2. Reconocimiento de la minería ancestral: La Confemin también busca que la Ley MAPE reconozca y preserve la minería ancestral y tradicional, una práctica común en Áncash. Sin embargo, expertos advierten que esta medida podría ser utilizada para encubrir actividades ilegales en zonas protegidas, como áreas naturales.

3. Derechos de servidumbre: Los mineros informales proponen que se otorguen derechos de servidumbre para explotar áreas concesionadas que no están siendo trabajadas. Esto incluye revertir concesiones inactivas al Estado y redistribuirlas a mineros activos.

Estas demandas han generado preocupación entre expertos y autoridades, quienes temen que su implementación pueda perpetuar la informalidad y la ilegalidad en el sector. En Áncash, los impactos de la minería informal y la contaminación por arsénico son evidentes, con ríos contaminados y comunidades afectadas.

La falta de fiscalización y control ha permitido que estas actividades continúen sin restricciones, agravando los problemas ambientales y sociales en la región.La Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene la responsabilidad de evaluar estas propuestas y garantizar que la nueva Ley MAPE promueva una minería sostenible y formalizada, que beneficie tanto a los mineros como a las comunidades locales.