Tragedia en Independencia: Fiscalía inicia investigación de oficio contra INAIGEM

El fiscal Omar Cochachin anunció la apertura de una investigación preliminar de 60 días contra los que resulten responsables del desastre natural ocurrido en la quebrada del distrito de Independencia el pasado 28 de abril. La principal entidad investigada es el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), por una posible omisión en sus funciones de monitoreo y prevención.

El Ministerio Público también incluyó en esta investigación el fallecimiento de Arlet Artola Advíncula, una menor de tan solo ocho meses, quien es considerada una de las víctimas más graves de la tragedia. La indagación está basada en el presunto delito de homicidio culposo por omisión impropia, que busca sancionar no solo acciones, sino también la inacción de funcionarios o instituciones que tenían el deber jurídico de actuar.

Según los primeros hallazgos, el desborde del río Casca fue originado por un derrumbe que habría comenzado desde el 26 de marzo en los glaciares cercanos a la laguna Llaca, generando posteriormente un embalsamiento que ocasionó el desastre. La Fiscalía sostiene que ciertas instituciones, como INAIGEM, tenían el deber legal de monitorear constantemente la Cordillera Blanca y prevenir este tipo de emergencias.

El Fiscal Cochachin explicó que la institución cuenta con sensores, cámaras de vigilancia y tecnología especializada para detectar anomalías en los glaciares. Sin embargo, aún no se ha determinado por qué no se emitió una alerta a tiempo pese a los indicios detectados días antes del colapso.

Entre las diligencias que se realizarán durante el plazo de investigación, se ha solicitado un informe técnico detallado a INAIGEM sede Huaraz, además de documentación de parte del Gobierno Regional, Defensa Civil, y las municipalidades involucradas. También se nombrará a un perito especializado en glaciares para verificar si existió relación directa entre el colapso glaciar y el desastre en la quebrada.

La investigación buscará establecer si hubo responsabilidad penal por parte de las instituciones o funcionarios encargados de velar por la seguridad de los ecosistemas de montaña en la Cordillera Blanca.