Fiscalía inicia investigación por presunta sobrevaloración en compra de equipos para la Casa de Guías

El presidente de la Asociación de Guías de Montaña de Perú (AGMP) sede Huaraz, Beto Pinto, ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de equipos de rescate a través del programa PROCOMPITE del Gobierno Regional de Áncash. La denuncia, interpuesta el 6 de abril de 2025, señala que los equipos adquiridos para la Casa de Guías de Montaña presentan una sobrevaloración que podría superar el 200% de su valor real en el mercado.

Según Pinto, al revisar los planes de negocio presentados dentro del programa PROCOMPITE, advirtió que equipos clave como una cámara hiperbárica, cuerdas y dispositivos de comunicación satelital tienen un precio mucho más elevado que el promedio de mercado. Por ejemplo, la cámara hiperbárica, cuyo valor real no supera los 40,000 soles, fue adquirida por un monto de 83,000 soles. Además, otros productos como los dispositivos de comunicación satelital, cuyo costo real es de 1,000 soles por unidad, fueron cotizados a 1,789 soles cada uno.

A pesar de las denuncias y la comunicación con las autoridades competentes, Pinto asegura que no ha recibido respuestas satisfactorias, lo que lo llevó a presentar la denuncia ante la Fiscalía. «Es preocupante que los recursos destinados a mejorar los servicios de rescate y aventura para los guías de montaña estén siendo mal manejados», señaló Pinto.

La denuncia también involucra a la empresa Sudamericana Logística Hisuki S.A.C., encargada de la provisión de los equipos, y a varios funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, quienes habrían aprobado las licitaciones bajo condiciones irregulares.

El monto total de la inversión del Gobierno Regional de Áncash para este programa asciende a 39 millones de soles, y Pinto ha solicitado que se investigue el destino de estos fondos, pues existen rumores de que otros equipos, como drones, también podrían haber sido adquiridos a precios inflados.

El caso ha sido considerado por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quienes han iniciado una investigación preliminar por el delito de colusión agravada. De confirmarse las irregularidades, los responsables podrían enfrentar penas privativas de libertad, conforme lo establece el Código Penal en el artículo sobre colusión.

Mientras tanto, la comunidad de guías de montaña de la región se mantiene a la espera de los avances en la investigación y la posible devolución de los recursos mal manejados.