Defensoría y Contraloría alistan intervención conjunta por obras paralizadas en Huaraz

La Defensora del Pueblo en Áncash, Doris Mariela Tamara Cadillo, informó que se prepara una intervención conjunta con la Contraloría General de la República para fiscalizar las obras públicas paralizadas en el distrito de Huaraz. Esta acción busca determinar si existen irregularidades que puedan derivar en responsabilidades penales o administrativas por parte de funcionarios municipales o incluso del alcalde.

Además, Cadillo detalló que su despacho viene realizando requerimientos formales de información sobre los proyectos en ejecución, entre ellos las obras en la avenida Luzuriaga y avenida Gamarra. Precisó que la paralización de los trabajos en Luzuriaga representa un foco de inseguridad y riesgo sanitario, debido al empozamiento de aguas pluviales. Aunque se ha reiniciado la obra, advirtió que esto no exime de responsabilidades ante eventuales actos irregulares cometidos durante su ejecución.

Asimismo, ante la evidente lentitud en la ejecución de las obras, donde solo se observa la presencia de cuatro a cinco obreros en algunas zonas, la Defensora del Pueblo recordó que existe un acuerdo entre la municipalidad y la empresa contratista para incrementar las cuadrillas de trabajo. En ese marco, señaló que su despacho viene supervisando el cumplimiento de dicho compromiso, advirtiendo que el incumplimiento de las condiciones contractuales podría derivar en responsabilidades administrativas o legales para los involucrados.

La funcionaria señaló que se mantiene en coordinación con el gerente regional de control, Lic. Villegas, a fin de realizar supervisiones conjuntas y evaluar el estado de las obras paralizadas. Además, se tiene previsto sostener una reunión este lunes para definir acciones concretas respecto a la situación de estos proyectos.

Por otro lado, tras un encuentro con directivos del colegio La Libertad, la Defensoría del Pueblo solicitó a la comuna la entrega del plan de contingencia relacionado con los trabajos en la avenida Gamarra. La funcionaria remarcó la importancia de socializar este documento con los vecinos y la comunidad educativa para evitar mayores afectaciones.

La defensora aclaró que, de hallarse indicios de responsabilidad penal, será el Ministerio Público quien asuma la investigación correspondiente. Cada institución actuará dentro del marco de sus competencias. Si corresponde una denuncia, también alcanzará al alcalde.