La Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA) ha identificado entre ocho y diez títulos profesionales presuntamente falsificados en las UGEL de Carhuaz y Bolognesi, utilizados por personas que habrían ejercido funciones sin contar con la debida formación superior.
Así lo confirmó el asesor legal de la DREA, Ilich Barrenechea, quien precisó que estos casos ya fueron derivados a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Áncash, en calidad de entidad agraviada, para que se formalice la denuncia penal ante el Ministerio Público.
“En estos casos ya nosotros lo único que hacemos es cumplir con remitir a la Procuraduría […] porque no nos olvidemos que eso ya se trata de ilícitos penales. En este caso sería falsificación de documentos, títulos de otorgamiento de carreras profesionales que no les corresponden”, declaró Barrenechea.
El funcionario explicó que las investigaciones se iniciaron tras un cruce de información con la Oficina de Registro de Títulos de la propia DREA, la cual detectó que los documentos presentados por los involucrados no figuran en sus registros oficiales. Esto activó una revisión más amplia en todas las UGEL de la región.
“Se ha tenido ya el informe de la oficina de registro de títulos […] que ha acotejado los documentos que se nos ha hecho llegar y que no estarían debidamente registrados, por lo menos dentro de la DREA”, detalló.
Los casos se concentran principalmente en las UGEL de Carhuaz y Bolognesi, donde los investigados habrían ejercido funciones docentes en el nivel de educación superior, tanto pedagógica como técnica, pese a no contar con títulos válidos.
De comprobarse la falsedad de los documentos, el Ministerio Público podría iniciar procesos penales por delitos como falsificación de documentos y peculado. Además, se evalúa iniciar acciones civiles para recuperar los fondos públicos que habrían sido pagados indebidamente a personas sin los requisitos profesionales necesarios.
“La Procuraduría evaluará también ejercer acciones penales y civiles, por ejemplo, por peculado, y por otro lado, recuperar esos erarios pagados indebidamente”, indicó Barrenechea.
Las investigaciones fiscales se encuentran actualmente en etapa preliminar. El plazo inicial es de 60 días, aunque este podría extenderse si el caso es declarado complejo.