Jefe de Gestión de Riesgos niega recortes y anuncia investigación

El jefe regional de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Áncash, Ing. Gastone Rafael Macedo Menacho, negó tajantemente estar implicado en los presuntos recortes salariales a trabajadores locadores, denunciados a través de redes sociales de forma anónima.

La acusación, difundida mediante cuentas no identificadas, señala que se estarían cobrando supuestos “aportes” de mil soles mensuales a contratados bajo la modalidad de locación de servicios, dinero que según la versión publicada sería destinado al gobernador regional a través del citado funcionario como intermediario.

“Esta semana hemos sido víctimas de una grave calumnia. Se afirma que se estaría cobrando a todo el personal, incluso mencionando que a mis manos habrían llegado 20 mil soles. Pensé que era una broma de mal gusto, pero ya se está involucrando al gobernador, al gerente general y a toda la institución, razón por la cual convocamos esta conferencia de prensa”, expresó Macedo.

Asimismo, anunció que se están iniciando acciones legales para identificar a los responsables de estas publicaciones mediante una investigación de origen digital (trols), en coordinación con el Ministerio Público y la unidad especializada de informática.

“No voy a permitir que se manche mi nombre ni el de mi familia. Tengo una trayectoria limpia al servicio del Estado y esto no se puede permitir. Si algún trabajador tiene pruebas o fue víctima real de un cobro indebido, que lo denuncie formalmente con pruebas, no de forma anónima”, agregó.

Cabe precisar que el pasado viernes, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, junto a la Policía Anticorrupción, intervino la sede del Gobierno Regional de Áncash para recabar información sobre este presunto caso de recorte de sueldos.

El caso sigue en investigación. Mientras tanto, desde la jefatura regional se ha exhortado a cualquier trabajador con información real a presentar su denuncia ante la Fiscalía y evitar propagar versiones sin pruebas que afectan la institucionalidad