El secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Áncash, Wilder Ayala Falcón, negó que los recientes actos de violencia ocurridos en obras de construcción en Huaraz sean responsabilidad de su gremio y pidió a las autoridades detener la estigmatización de los obreros formales.
Durante una marcha pacífica realizada este miércoles en la plaza de Armas de Huaraz, Ayala alzó la voz tras la balacera registrada el martes entre la avenida Gamarra y el jirón Dámaso Antúnez, un hecho que volvió a generar temor entre la ciudadanía y entre quienes trabajan en el rubro de la construcción.
“No somos sicarios, no somos delincuentes, no somos extorsionadores. Somos hombres de trabajo, que la sudamos cada día para llevar el pan a nuestros hogares”, declaró ante decenas de obreros congregados, visiblemente indignado.
El dirigente sindical exhortó a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio Público y al Poder Judicial a realizar investigaciones efectivas y actuar con firmeza frente a los verdaderos responsables de los hechos violentos vinculados a obras públicas. Aseguró que los trabajadores sindicalizados en Áncash no están involucrados en actividades criminales y que los ataques que han sufrido algunos obreros en las últimas semanas deben ser esclarecidos.
“Si ellos no trabajan, esto será tierra de nadie”, advirtió, en alusión directa a la inacción de las autoridades frente a lo que describió como un problema creciente.
Ayala también denunció que ciertas empresas constructoras estarían trayendo a Huaraz a personas externas, conocidas coloquialmente como “chalecos”, para asumir el control de las obras sin respetar al gremio local. Estas prácticas —sostuvo— estarían vinculadas a la informalidad, el incumplimiento de derechos laborales y el incremento de la violencia.
“No investigan a esos empresarios. Ellos también son parte del problema. Traen sus chalecos porque no quieren pagar beneficios sociales. Por eso hay violencia, por eso hay sicariato”, afirmó el dirigente.
En el sector construcción, el término “chalecos” se usa para referirse a individuos ajenos al sindicato que son contratados para imponer condiciones laborales o manejar cupos de trabajo en las obras, muchas veces bajo presión o con métodos intimidatorios. Esta figura, según los gremios, fomenta conflictos, extorsiones y la pérdida de garantías mínimas para los obreros.
El secretario general también criticó la falta de presencia policial en las zonas donde se ejecutan obras públicas en la ciudad. Aseguró que la seguridad recae únicamente sobre los trabajadores, mientras que los empresarios y responsables de contratos no son fiscalizados con la misma rigurosidad.
“En ninguna obra de la ciudad hay presencia policial. No hay resguardo ni fiscalización real. Todo se enfoca solo en el obrero, pero también hay que mirar a quienes están detrás de los contratos”, reclamó Ayala, dirigiéndose al general PNP Antonio Loreño Beltrán, jefe de la Región Policial Áncash.
El gremio reiteró su rechazo a toda forma de violencia, pero pidió que no se criminalice ni estigmatice a los trabajadores formales de construcción civil en Áncash. Afirmaron que muchos obreros se ven afectados por el miedo, la inseguridad y los prejuicios que terminan afectando su fuente de ingreso.
La movilización se desarrolló sin incidentes, pero con una consigna clara: detener la criminalización del trabajo sindicalizado y exigir que se investigue a fondo a quienes promueven el desorden y la violencia desde sectores empresariales que operan con impunidad.