Corte de Justicia entrega pensiones, pero más de 4 mil depósitos siguen pendientes en Áncash

La Corte Superior de Justicia de Áncash viene ejecutando una campaña nacional simultánea de «Entrega de depósitos de alimentos». Esta iniciativa busca garantizar que madres de familia puedan acceder a los pagos que les corresponden por derecho, evitando mayores demoras y trámites judiciales innecesarios.

Esta campaña se realiza frente a la sede judicial de Huaraz, el presidente de la Corte, acompañado de magistrados y personal administrativo, informó que se están agilizando los procesos pendientes gracias al despliegue del equipo judicial a los domicilios de los beneficiarios, en los casos donde por diversos motivos no han podido acercarse a realizar el cobro.

“Esta campaña permite depurar y organizar los expedientes judiciales relacionados con alimentos, identificando depósitos pendientes de entrega para dar respuesta inmediata”, precisó el presidente de la Corte, quien también destacó el compromiso del personal que ha sido desplazado para garantizar la atención oportuna.

Por su parte, Percy Tarazona León, coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, señaló que en Áncash existen más de 4 mil casos pendientes de entrega de pensiones de alimentos. “No podíamos ser ajenos a esta campaña nacional. Nuestro objetivo es acercar el servicio de justicia a quienes más lo necesitan, sobre todo en temas sensibles como los alimentos, donde hay familias que han esperado durante meses por estos depósitos”, indicó.

La campaña, que se desarrolla durante todo el mes de junio, también se replica en distintas provincias de la región, con participación activa de jueces y personal judicial, quienes se encargan directamente de entregar las pensiones de alimentos a las personas beneficiarias. Para reforzar esta actividad, se ha coordinado con el Banco de la Nación la habilitación de una ventanilla especial que permita una atención más rápida y directa.

Asimismo, las autoridades judiciales reconocieron que persisten brechas sociales y económicas que impiden a muchas personas acceder adecuadamente a la justicia, ya sea por falta de información, recursos o representación legal. “Por eso salimos a las calles, para acercarnos a la población que no puede acudir a los despachos judiciales y garantizar que sus derechos se cumplan”, subrayó Tarazona.