El locutor Ángel Durán, conocido por sus intervenciones polémicas en radio y redes sociales, ofreció este lunes una disculpa pública a la C.P.C. Rocío Sara Guzmán Atao, directora de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) – Áncash, luego de haberla involucrado sin pruebas en presuntos actos de corrupción.
La rectificación se produjo como parte de un proceso legal iniciado en su contra, donde se exigía una retractación formal por los daños causados a la imagen de la funcionaria. Durante su programa radial, Durán reconoció que incurrió en un error y que sus declaraciones fueron infundadas.
“Fue un desliz… cometí un error… ella no tiene que ver con actos de corrupción”, expresó al aire.
VIDEO DISCULPAS PÚBLICAS
La rectificación pública, realizada a través del mismo medio donde se emitieron las acusaciones, representa un hecho relevante en el contexto local. El caso expone la necesidad de establecer límites claros entre la libertad de expresión y el respeto a la honra de las personas, especialmente cuando se trata de declaraciones difundidas sin sustento probatorio.
Diversas voces han señalado que, en un escenario donde los medios de comunicación y las redes sociales tienen amplio alcance, se requiere mayor responsabilidad en el uso de estas plataformas. En este caso, la rectificación de Ángel Durán podría servir como antecedente para evitar que se repitan situaciones similares que puedan afectar la imagen de funcionarios o ciudadanos.
Historial con antecedentes
No es la primera vez que Ángel Durán enfrenta cuestionamientos por su comportamiento público. En 2018 fue excluido como candidato a la alcaldía de Huaraz por omitir nueve sentencias judiciales en su hoja de vida, entre ellas procesos por falsificación de documentos, lesiones culposas y difamación agravada, según reportó El Comercio.
Ese mismo año, también fue declarado reo contumaz en un proceso impulsado por el entonces gobernador regional Waldo Ríos, quien lo denunció por difamación tras declaraciones emitidas desde sus medios de comunicación.
El caso ha reactivado el debate en torno a los alcances de la opinión pública y la libertad de expresión. Si bien estos derechos están garantizados, también lo está la protección de la dignidad y la reputación personal. La legislación peruana establece mecanismos para responder ante posibles excesos, como ocurrió en este caso, donde se formalizó un proceso legal que derivó en una rectificación pública.