La reciente tragedia en el nevado Artesonraju, donde perdieron la vida dos jóvenes montañistas peruanos y un brasileño, no solo enluta al andinismo. También vuelve a poner sobre la mesa una verdad que en Áncash conocemos, pero a veces preferimos no mirar: el desorden, la informalidad y la falta de aplicación efectiva de las normas en el turismo de alta montaña son tan peligrosos como una avalancha en la cumbre provocada por la desglaciación.
Y es que esta no ha sido una coincidencia fatal. Pocos días después, en el Huascarán, dos andinistas japonesas quedaron atrapadas a más de 6,400 metros. Solo una logró sobrevivir tras una operación de rescate que dejó en evidencia lo de siempre: equipos al límite, sin el respaldo mínimo que el Estado debería garantizar.
Las redes estallaron en comentarios: “es una locura subir hasta allá”, “deberían prohibirlo”. Pero aquí creemos que el problema no es que alguien quiera escalar una montaña. El verdadero problema es que lo haga sin acompañamiento, sin verificación de condiciones, sin protocolos reales, sin nadie que supervise.
Porque aquí no está fallando el deseo humano de explorar, sino la falta de una política pública coherente que permita hacerlo con responsabilidad.
A raíz de lo ocurrido en ambas tragedias, se repiten los mismos patrones: cualquier persona puede ingresar a una ruta de alta montaña sin demostrar experiencia, sin contratar necesariamente un guía certificado, sin ser registrada de forma obligatoria. Incluso en el Parque Nacional Huascarán, que es un área natural protegida, los sistemas de control parecen no aplicarse de manera rigurosa. Y cuando hay una emergencia, el rescate no depende de una estrategia pública consolidada, sino del compromiso heroico de algunos actores -policías, guías, comuneros- que hacen lo posible con lo que tienen.
Tampoco existe una política regional clara que articule prevención, turismo sostenible y seguridad. Y aunque la responsabilidad debe ser compartida -entre el Estado, los operadores y los propios turistas-, lo que más pesa hoy es la ausencia de liderazgo institucional.
La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) debería asumir ese liderazgo. Pero hoy opera con el mismo debilitamiento crónico que arrastra desde gestiones anteriores. A pesar de los anuncios de fortalecimiento desde los tiempos de Juan Carlos Morillo, sigue sin personal suficiente, sin presupuesto asignado para acciones de campo y sin un plan público que articule esfuerzos con operadores, municipios y rescatistas. Y lo más grave: sin capacidad de prevención.
La nueva dirección de DIRCETUR aún no ha emitido un mensaje claro ni un plan de acción visible frente a esta crisis. En un contexto como este, el silencio también es parte del problema.
No se trata de prohibir. Se trata de prepararnos.
En otros países, como Francia, Suiza o Chile, el montañismo no solo se promueve: también se regula y se acompaña con sistemas de rescate activos y normativas que se hacen cumplir. Aquí, en cambio, seguimos actuando como si la montaña fuera de nadie.
Y lo cierto es que, en una región con montañas únicas, donde miles de personas dependen del turismo, el problema no es subir… el problema es que seguimos actuando como si la montaña fuera de nadie.