Quechua en oficinas públicas: 19 instituciones en Áncash incluirán señalética y atención bilingüe

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash anunció la implementación de señalética bilingüe en quechua y castellano en 19 instituciones públicas de la región, como parte del modelo Lenguas Indígenas en Servicios Públicos (LISP) del Ministerio de Cultura.

La medida busca garantizar una atención con pertinencia cultural y lingüística, especialmente para la población quechuahablante, que accede diariamente a servicios públicos en su lengua materna.

“El objetivo es brindar servicios con pertinencia cultural y lingüística para nuestra población quechuahablante, garantizando calidad de atención y evitando vulneración de derechos”, señaló Karina Cochachin Albornoz, especialista en interculturalidad de la DDC Áncash.

Instituciones incluidas y avances

La iniciativa incluye entidades como el Poder Judicial, Ministerio Público, RENIEC, Banco de la Nación, Ministerio de Agricultura, entre otras oficinas con atención directa al ciudadano. Actualmente se trabaja en la identificación de espacios, traducción de rótulos y su validación en idioma quechua, en coordinación con especialistas y comunidades.

Se espera que la instalación de la señalética se realice a partir del próximo año, como parte de un proceso progresivo.

Funcionarios públicos también se capacitan en quechua

El modelo LISP también contempla la capacitación del personal en quechua básico, intermedio y avanzado, para garantizar que los funcionarios puedan comunicarse con usuarios en su lengua originaria.

“Ya tenemos más de 100 trabajadores del Poder Judicial capacitados. En agosto iniciaremos el nivel intermedio”, informó Cochachin.

Campañas y normativas para prevenir la discriminación

La implementación del modelo se complementa con acciones como la campaña Perú sin Racismo, que llegará a Áncash en los próximos meses para promover la valoración de la diversidad cultural y lingüística.

Asimismo, se promueve la aprobación de ordenanzas municipales para prevenir y sancionar la discriminación étnico-racial en los servicios públicos.

“Queremos que nuestros ciudadanos se sientan valorados y respetados en su identidad lingüística y cultural”, remarcó Cochachin, quien recordó que el marco legal obliga a las entidades del Estado a incorporar progresivamente el enfoque intercultural en su atención.