La región Áncash se encuentra actualmente en el cuarto lugar a nivel nacional en número de conflictos sociales, según el último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo. Así lo informó la comisionada Cindy Suárez, quien precisó que en total se registran 14 casos activos en distintas zonas de la sierra y costa, muchos de ellos relacionados a la actividad minera.
“Efectivamente, parte de la labor de la Defensoría del Pueblo también es intervenir en los temas de conflictos sociales. Nuestra región es una de las que presenta mayor conflictividad. Ahorita está en el ranking número 4”, indicó Suárez, al señalar que el informe es de carácter público y puede consultarse en la web institucional.
De los 14 conflictos reportados, la mayoría corresponde a casos socioambientales vinculados con actividades extractivas. “Tenemos algunos que son de asuntos locales, municipales o con el gobierno regional, pero en su minoría”, explicó. También recalcó que su oficina participa activamente en mesas de diálogo y brinda recomendaciones a las autoridades competentes.
Entre los conflictos en seguimiento, destacó la situación entre los comités de usuarios de agua de Atupa y Antahurán, que continúa bajo vigilancia de la Defensoría. “Estamos tomando las acciones correctas a fin de que se pueda llegar a un buen acuerdo y evitar así el costo social”, señaló. Añadió que este caso, como otros similares, está vinculado a la percepción de contaminación o afectación a la salud y al entorno de las comunidades.
Consultada por el caso de Huarmey, donde la población denunció presencia de arsénico, Suárez indicó que se mantiene como un conflicto activo. “Los conflictos tienen diversas fases. La más crítica es la fase de crisis, donde hay desborde. Eso es lo que evitamos en todo momento, invocando siempre al diálogo entre comunidades, empresas y el Estado”, afirmó.
Asimismo, expresó su expectativa de que en los próximos meses algunos de estos conflictos puedan ser resueltos, aunque aclaró que en el último reporte no se registraron casos concluidos.