No se gobierna con papeles que ni se leen. Se gobierna con presupuestos asignados, cronogramas definidos y decisiones que se ejecutan. Y tras el mensaje presidencial del 28 de julio, las regiones —como Áncash— siguen esperando señales claras de voluntad política.
El discurso de la presidenta Dina Boluarte fue extenso, disperso y, para muchos especialistas, más diseñado para agotar que para esclarecer. Ni siquiera fue leído en su totalidad: las últimas 15 páginas quedaron sin mencionar, y el exceso de cifras técnicas terminó por diluir cualquier expectativa de anuncios concretos.
En el caso de Áncash, la omisión fue casi total. La única mención directa fue la licitación internacional del proyecto Chinecas, un anuncio ya conocido días antes. El resto fue una inclusión vaga dentro de los bloques de regiones señaladas para “puentes y conectividad” en la costa norte y sierra centro-norte. Sin fechas, sin detalle técnico.
Desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), presidida por el gobernador de Áncash, Koki Noriega, se había advertido días antes que el crédito suplementario de más de S/ 642 millones aprobado por el Congreso dejó fuera a las regiones, destinando apenas el 1 % a los gobiernos subnacionales. Esa cifra fue mencionada como ejemplo del desfase entre el discurso descentralista y la realidad presupuestal. “No hay voluntad real de descentralizar”, señaló Noriega en declaraciones a medios nacionales.
Más allá de esa posición institucional, las cifras hablan por sí solas. En Áncash, más de 4,400 operaciones de minería informal continúan sin fiscalización efectiva, mientras que los fondos asignados para control y supervisión no superan el millón de soles. Las postas de salud en zonas rurales siguen operando sin personal estable ni equipamiento básico. Las principales obras viales y sanitarias siguen paralizadas o en fase de espera eterna.
A nivel nacional, según el INEI, el 27,6 % de peruanos vive en pobreza, y el 5,5 % en pobreza extrema. En Áncash, esas cifras alcanzan el 21,4 % y 4 % respectivamente. Frente a esta realidad, la presidenta gana S/ 35,568 mensuales, lo que equivale al ingreso mensual de más de 34 familias pobres. Según encuestas recientes, el 94 % de peruanos rechaza ese incremento salarial.
Con una aprobación que bordea el 3 %, Boluarte tenía en sus manos la oportunidad de reconectar con las regiones. Pero el mensaje fue más forma que fondo. No hubo cronogramas, no se anunciaron obras estructurales, ni se plantearon medidas claras para cerrar brechas territoriales. Áncash fue mencionada, pero no considerada.
Aunque desde espacios como la ANGR se reiteren alertas o exigencias, las regiones necesitan más que vocerías. Necesitan decisiones. Y hasta ahora, esas decisiones no llegan.
El mensaje de este 28 de julio dejó claro que, una vez más, el país oficial le dio la espalda al país real.
Y en regiones como Áncash, eso ya no sorprende. Pero sigue doliendo.