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Recuay: padrastro es condenado a CADENA PERPERUA por abusar de su hijastra de 12 años

Áncash

Recuay: padrastro es condenado a CADENA PERPERUA por abusar de su hijastra de 12 años

El fallo incluye el pago de S/ 10 mil como reparación civil a favor de la menor.

El Poder Judicial impuso cadena perpetua a Vidal Huamán Morales tras hallarlo culpable del delito de agresión sexual contra su hijastra de 12 años, en un hecho ocurrido en la provincia de Recuay, región Áncash. El fallo fue emitido por la Sala Penal de Huaraz, que también dispuso el pago de S/ 10 mil como reparación civil a favor de la víctima.

Según el expediente judicial, los hechos se registraron en marzo de 2022, cuando el sentenciado mantenía una relación de convivencia con la madre de la menor. Aprovechando que quedó a su cuidado, cometió el acto delictivo y amenazó a la niña con que no volvería a ver a su madre si contaba lo sucedido.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Recuay, a cargo del fiscal provincial Henry Durán Castillo. Durante el proceso, se presentaron pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado, pese a las variaciones en las declaraciones de algunos testigos.

En el juicio oral, la progenitora de la menor modificó su versión inicial y negó haber convivido con el sentenciado. Esta conducta fue advertida por las autoridades y derivó en que el tribunal remita copias a la Fiscalía Provincial Penal de Turno para que se evalúe la apertura de una investigación en su contra.

La sentencia de cadena perpetua es la pena máxima que establece la legislación peruana para este tipo de delitos. Especialistas consultados destacan que fallos de este tipo envían un mensaje claro sobre la importancia de sancionar severamente las agresiones sexuales contra menores de edad.

Las autoridades judiciales recordaron que los casos de violencia y agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes pueden ser denunciados de forma gratuita y confidencial ante el Ministerio Público o la Policía Nacional, a fin de garantizar la protección de las víctimas y evitar la impunidad.

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