En una audiencia que quedará marcada en la historia judicial de Áncash, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, a cargo del juez Cliver Vargas, emitió una decisión sin precedentes: dictó nueve meses de prisión preventiva contra cinco agentes del INPE por el presunto delito de tortura hacia una reclusa —quien sufrió fractura de pie— y dispuso medidas de comparecencia con restricciones para otros dos, además de ordenar partes para su captura.
Este fallo no es un caso cualquiera. Representa la primera prisión preventiva dictada en el departamento de Áncash por un delito contra la humanidad (tortura), y también el primer caso a nivel nacional contra agentes penitenciarios del INPE por este tipo de delito.
La decisión judicial fue el resultado de más de un año de trabajo constante de la fiscal Ada Príncipe Asensios, responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash, quien desde el inicio del proceso advirtió sobre la situación de riesgo que enfrentaban testigos e internos. Según la representante del Ministerio Público, los siete agentes denunciados continuaban laborando en el penal de Huaraz y habrían amenazado a internos e internas que declararon a favor de la víctima.
Un hecho histórico sin precedentes
Los tribunales peruanos no habían sancionado antes a agentes del INPE con prisión preventiva por tortura. El caso se vuelve aún más significativo si se lo compara con las más de 500 investigaciones activas por tortura en el país: hasta junio de 2025, la Defensoría del Pueblo reportó 560 casos en trámite, con solo seis personas privadas de libertad por este delito, y aún menos sentenciadas. En ese contexto, la medida dictada hoy en Huaraz representa una rareza judicial y un avance notable.