El decano de la Facultad de Derecho de la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Luis Robles Trejo, cuestionó con dureza la reciente ley de amnistía a militares, policías y comités de autodefensa aprobada por el Congreso, advirtiendo que es “inconstitucional” y contraria a tratados internacionales suscritos por el Perú.
Robles señaló que en un Estado democrático no es aceptable aprobar normas que vulneren los derechos humanos. “El Perú ha firmado de forma soberana el Pacto Internacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estos tratados forman parte del derecho nacional por mandato del artículo 55 de la Constitución. Esta ley desconoce no solo un tratado internacional, sino también el propio mandato constitucional”, afirmó.
El jurista precisó que la norma es también inconvencional, ya que incumple estándares internacionales que obligan al Estado a investigar y sancionar violaciones de derechos humanos en un plazo razonable, evitando la impunidad. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han establecido que una investigación no debe prolongarse indefinidamente. “En el caso Rosendo con Ecuador (1995), la Corte ya fijó que una investigación no puede exceder los 50 meses”, indicó.
Para Robles, la ley aprobada revive un episodio de los años 90, cuando una norma similar fue declarada inconstitucional por atentar contra derechos fundamentales. “No se puede permitir que esta historia se repita. Es responsabilidad del Estado determinar la culpabilidad o inocencia, pero una ley como esta lo único que genera es impunidad”, advirtió.
Asimismo, cuestionó el trasfondo político de la norma y sugirió que podría tener motivaciones vinculadas al futuro político de la presidenta Dina Boluarte. “Cuando un gobierno actúa de espaldas a la Constitución y desconociendo los organismos supranacionales, deja mal al Perú como país democrático”, sostuvo.
El decano planteó dos salidas frente a la aplicación de la ley: que los jueces ejerzan el control difuso para inaplicarla en casos concretos, o que se interponga un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “Los jueces democráticos y respetuosos de la Constitución tienen la facultad de no aplicar esta ley por ser inconstitucional o inconvencional. Esa es la vía para frenar este retroceso”, concluyó.