Un familiar de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), procesados por presunta tortura, informó que se ha presentado un recurso de apelación contra la medida de prisión preventiva de nueve meses dictada por el juez a cargo. Además, solicitaron la separación de la fiscal Ada Príncipe de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, argumentando presunta parcialidad.
Durante una protesta frente a las Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huaraz, el familiar sostuvo que la fiscal ha generado presión mediática a través de declaraciones públicas antes, durante y después de las audiencias, lo que, según su versión, ha influido en la opinión de la población y en la percepción sobre los técnicos penitenciarios.
El abogado de los procesados presentó la apelación señalando que los trabajadores tienen arraigo laboral, domiciliario y familiar, y que han cumplido con asistir a sus labores durante un año mientras se desarrollaba la investigación, sin registrarse intentos de fuga.
El familiar pidió que la fiscal sea apartada del caso, argumentando que su actuación ha sido parcial y centrada en generar reconocimiento mediático, y que el procedimiento debe evaluarse con neutralidad. Asimismo, solicitó que el juez de segunda instancia considere la individualización de la investigación y la responsabilidad de cada involucrado, respetando la honra y dignidad de los trabajadores.
El familiar adelantó que las protestas continuarán hasta que haya un pronunciamiento de las autoridades del Ministerio Público, la Fiscalía o el Poder Judicial que garantice justicia y equidad en el caso.