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GORE Áncash anula contrato de colegio en Wecroncocha por incumplimientos de empresa

El Gobierno Regional de Áncash (GORE Áncash) dejó sin efecto el contrato con la empresa encargada de construir el colegio de Wecroncocha, en Acochaca, tras constatar incumplimientos en la ejecución de la obra. El gerente general del GORE, Marco La Rosa Sánchez, informó que el contratista tiene plazo hasta el 11 de setiembre para presentar sus alegatos, aunque adelantó que la gestión ya no confía en la empresa.

Nos ha fallado tantas veces, en algunos casos de forma inaceptable, que hemos tomado la decisión de resolver el contrato. Ahora solo queda esperar el plazo legal y avanzar con la liquidación de la obra”, declaró La Rosa.

El proyecto, que debía beneficiar a los estudiantes de Wecroncocha, quedó prácticamente en cero avance. Según el funcionario, la constructora solo levantó una contingencia de tripley, lo que calificó como “un insulto para los alumnos”. Además, se apartó de lo establecido en el expediente técnico, que requería una infraestructura de tipo proriel.

Las irregularidades se hicieron más evidentes cuando, durante las excavaciones para la cimentación, se encontró presencia de agua en el terreno. “Ese expediente fue hecho sin siquiera un estudio de suelos”, añadió La Rosa, al señalar que esta deficiencia técnica agravó la paralización de la obra.

Frente a la protesta de los pobladores, el GORE sostiene que ya se planteó una salida. La propuesta es que, tras la liquidación del contrato, se transfiera la elaboración del expediente reformulado a la Municipalidad de Acochaca, a fin de que exista una autoridad más cercana a la población que pueda fiscalizar los plazos.

El nuevo cronograma apunta a que, entre setiembre y diciembre, se concluya el expediente reformulado, cambiando el diseño de cimentación. “En enero queremos iniciar una nueva licitación, con un plazo aproximado de 300 días para su culminación. La idea es que el colegio se termine dentro de este periodo”, explicó el gerente general.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público han intervenido en el conflicto para prevenir incidentes mayores, dado que algunos pobladores mantienen una postura «beligerante» frente al retraso, según indico el La Rosa Sánchez.

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