Divincri alerta sobre dos casos de aborto clandestino en Huaraz

La División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaraz reportó dos casos consecutivos de aborto que fueron atendidos en el Hospital Víctor Ramos Guardia. Javier Mori, jefe regional de la entidad, explicó que ambos episodios involucraron a mujeres mayores de edad que recurrieron al uso de Citotec, ingestando varias cápsulas para inducir la expulsión del producto de la concepción.

Según Mori, el primer caso ocurrió en la mañana del día anterior; al detectarse la situación, la interesada huyó del hospital junto a su pareja. La policía logró ubicarla y llevarla de regreso, tras lo cual fue atendida y dada de alta. El Ministerio Público dispuso su libertad, al tratarse de hechos que no implican prisión efectiva, ya que la sanción máxima no supera los cinco años según la legislación vigente.

En el segundo caso, similar en características al anterior, la paciente permanece internada, mientras se evalúan posibles complicaciones médicas. Mori advirtió que este tipo de prácticas conlleva riesgos graves, como hemorragias e infecciones, que ponen en peligro no solo la salud del feto, sino también la de la gestante.

El uso de Citotec de 200 mg fue común en ambos casos, con una paciente que se administró diez cápsulas y la otra ocho. Mori hizo un llamado a los entornos familiares y educativos, sugiriendo la importancia de brindar asesoría psicológica y acompañamiento, e incluso invitó a la policía a colaborar en estas tareas mediante charlas y orientaciones.

Contexto nacional sobre abortos clandestinos

En el Perú se estima que se realizan más de 371 000 abortos clandestinos por año, lo que equivale a más de 1 000 por día, y el 19 % de las mujeres han interrumpido su embarazo en algún momento. Aunque las estadísticas regionales no están disponibles, estas cifras revelan que la práctica clandestina es generalizada y constituye un desafío para la salud pública y legal del país.

Asimismo, se reporta que el 34% de los abortos inducidos en el país se realizan mediante el uso de pastillas, mientras que el 47% corresponden a procedimientos quirúrgicos, lo que evidencia la diversidad de métodos empleados en un contexto de clandestinidad y alto riesgo para la salud de las mujeres.