La denuncia sobre descansos médicos cuestionados en la UGEL Huaraz volvió a encender una alarma conocida: cuando un documento que legitima una ausencia laboral se usa sin los controles debidos, pierde el Estado, se erosiona la institucionalidad y se mina la confianza pública.
La reciente intervención de la consejera por Huaraz, Yanet Pinto, puso el foco en trabajadores que acudirían a comedores en horario laboral y, acto seguido, en descansos médicos presuntamente otorgados en circunstancias que ameritan verificación. No se trata de linchar a nadie: corresponde esclarecer. La suspicacia es razonable porque no es la primera vez que emergen casos de certificados mal tramitados en entidades públicas. Incluso en instituciones llamadas a resguardar la legalidad se han ventilado episodios similares en el pasado; sin prejuzgar, vale recordar que esos antecedentes justifican la diligencia hoy.
Conviene empezar por lo obvio: los trabajadores tienen derecho a la salud, a descansos médicos, vacaciones y permisos conforme a norma. Y el Estado tiene el deber de garantizar esos derechos. Lo inaceptable es “sacarle la vuelta” a la ley con certificados sin sustento clínico verificable o usados como salvoconducto de ausentismo. Cada día no laborado que no corresponde es un servicio no brindado y, por tanto, un costo para el erario y para el ciudadano que espera atención.
La pregunta de fondo sigue en pie: ¿quién fiscaliza realmente la emisión y uso de los certificados médicos?
La respuesta no es única, pero los controles fallan. Las Unidades de Personal deben implementar mecanismos de validación más estrictos —verificación de CMP, coincidencia de fechas, correlación de atenciones— y reportes sistemáticos a la Contraloría. El Colegio Médico tiene la tarea de vigilar el ejercicio ético de sus afiliados y responder con claridad ante las denuncias.
Y el Ministerio Público, llamado a garantizar la legalidad, tampoco puede mirar hacia otro lado. Su intervención no debe esperar una denuncia formal para actuar, sobre todo cuando existen indicios de posible uso indebido de documentos públicos. Sin prejuzgar, la ciudadanía ancashina tiene derecho a esperar instituciones proactivas, no silencios que debilitan la confianza pública.
Todo lo anterior exige equilibrio. Debido proceso para trabajadores y médicos; protección de datos clínicos; cero estigmatización a quien realmente está enfermo. Pero también reglas claras: certificados con trazabilidad (códigos/QR, firmas legibles, verificación del CMP), plazos máximos de entrega y convalidación, responsabilidades funcionales para quien apruebe sin sustento y sanciones proporcionales si se confirma fraude (administrativas y, de ameritar, penales). No es cacería; es gobernanza básica.
Tampoco se trata solo de castigar. Prevenir es más barato y más justo: capacitar a jefaturas de personal, digitalizar el registro y control de descansos, transparentar estadísticas (sin datos sensibles) y publicar lineamientos claros para toda la administración pública regional. Si el sistema es opaco, la picaresca se vuelve costumbre; si el sistema es predecible y auditable, las tentaciones bajan.
Porque más allá de los nombres, lo que está en juego es la confianza. No es justo que los ciudadanos encuentren oficinas vacías o trámites detenidos por permisos irregulares. La eficiencia pública no depende solo de presupuestos o decretos, sino de la integridad cotidiana de quienes sirven al Estado.
La ética no se firma con tinta ni con diagnósticos: se demuestra trabajando.