La política peruana no es ajena a los sobresaltos. Con la reciente presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente», la incertidumbre institucional vuelve al primer plano. Aunque por ahora se trata solo de un trámite parlamentario, en los pasillos del Congreso, en medios y redes sociales ya se especulan posibles salidas del cargo: desde una renuncia negociada hasta una caída por votación. En ese contexto, se asoma una pregunta de fondo: ¿qué opciones tendría Boluarte si decidiera abandonar el país?
¿Qué dice el derecho internacional?
No es lo mismo hablar de “refugio”, “asilo político” o “protección diplomática”. Cada figura tiene condiciones distintas. Según el derecho internacional, el asilo diplomático puede solicitarse cuando una persona enfrenta persecución por motivos políticos, no judiciales. Es decir, no basta con alegar una investigación penal: se debe probar que hay un hostigamiento político que pone en riesgo su libertad o su integridad.
Para que una embajada conceda asilo dentro del territorio peruano, además, deben cumplirse acuerdos internacionales y normas de reciprocidad diplomática. No es automático ni discrecional.
Casos previos: Alan, Castillo, Fujimori
El caso más reciente fue el del expresidente Pedro Castillo, quien en diciembre de 2022 intentó llegar a la embajada de México en Lima tras anunciar un fallido golpe de Estado. No llegó. Fue detenido antes de ingresar. Aun así, el gobierno mexicano expresó públicamente su disposición a brindarle protección, lo que generó tensión diplomática con el Perú.
En 2018, Alan García solicitó asilo a la embajada de Uruguay, alegando persecución política por el caso Odebrecht. El entonces presidente Tabaré Vázquez denegó el pedido tras evaluar el expediente judicial. La negativa fue interpretada como un mensaje a favor del respeto a la independencia judicial peruana.
El caso de Alberto Fujimori es aún más recordado. En noviembre de 2000, tras la caída de su régimen, viajó a Japón y desde allí renunció por fax. Se acogió a la nacionalidad japonesa para evitar ser extraditado, aunque años después fue detenido en Chile y devuelto al Perú.
¿Y Dina Boluarte?
Hasta el momento, Boluarte no ha expresado ninguna intención de renunciar ni de dejar el país. Tampoco se conoce de algún acercamiento a embajadas extranjeras. Sin embargo, su nombre aparece en diversas investigaciones fiscales, entre ellas el caso «Rolex» y presuntas contrataciones irregulares en el MIDIS, que podrían escalar si pierde la inmunidad presidencial.
Algunos analistas han advertido que si la presión política se intensifica y la gobernabilidad se vuelve insostenible, no podría descartarse una salida pactada, como ha ocurrido antes. Pero incluso en ese caso, la opción de buscar refugio en una embajada no es tan sencilla ni inmediata.
La mayoría de misiones diplomáticas evita involucrarse en crisis políticas internas, salvo que exista un riesgo probado para la integridad personal de quien solicita asilo. En el contexto actual, no hay una señal evidente de persecución política directa contra la presidenta.
¿Qué embajadas podrían considerarse?
Históricamente, las embajadas de México, Bolivia y Nicaragua han sido las más activas en brindar protección política a exmandatarios o líderes de izquierda en la región. No obstante, cada caso es distinto y se analiza individualmente. Países como Argentina, Uruguay, Chile o España han mantenido una postura más cautelosa.
El escenario más probable, de ocurrir una salida del cargo, no sería una huida ni un asilo inmediato, sino un proceso de defensa legal ante las investigaciones fiscales. En ese caso, Dina Boluarte seguiría dentro del país enfrentando procesos como ciudadana común.
¿El inicio de otra crisis?
Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las hipótesis. La vacancia todavía debe superar varias etapas en el Congreso, y Boluarte mantiene el respaldo de bancadas clave. Sin embargo, el hecho de que se plantee la posibilidad de asilo revela el nivel de desgaste institucional y la falta de confianza ciudadana en la estabilidad democrática.
Más allá de la decisión de una sola persona, el país vuelve a pararse sobre un terreno frágil, donde los desenlaces no siempre se explican por la ley, sino por la presión del momento.