La moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra Dina Boluarte vuelve a tensar el tablero político. Aunque la Constitución establece una línea de sucesión clara ante una eventual destitución, los especialistas consultados no se ponen de acuerdo sobre quién asumiría el cargo ni bajo qué condiciones. La coyuntura abre al menos dos escenarios posibles.
El primer escenario parte de una lectura constitucional directa. En ausencia de vicepresidentes, como es el caso actual, el artículo 115 de la Carta Magna establece que la jefatura del Estado debe recaer en el presidente del Congreso. De prosperar la vacancia, ese cargo recaería en José Jerí Oré, actual titular del Legislativo.
“La Constitución es clara. Si no hay vicepresidentes, el presidente del Congreso asume y debe convocar elecciones generales”, afirmó el constitucionalista Alejandro Rospigliosi en declaraciones a RPP Noticias.
Según esta interpretación, el Congreso solo tendría que oficializar la vacancia para que Jerí asuma la presidencia de forma interina, como ocurrió en 2020 con Manuel Merino tras la salida de Martín Vizcarra.
Sin embargo, hay quienes sostienen que la sucesión no sería tan automática. El mismo Rospigliosi advirtió que, sin un respaldo político suficiente, el Congreso podría optar por forzar la renuncia de Jerí y elegir a otro congresista con mayor consenso antes de la transición. Recordó que algo similar ocurrió en el año 2000, cuando Martha Hildebrandt fue reemplazada por Valentín Paniagua para encabezar la presidencia transitoria tras la caída de Alberto Fujimori.
Este segundo enfoque subraya que, más allá del texto constitucional, prima la estrategia política. La elección de Jerí como titular del Congreso ya fue resultado de una negociación multipartidaria, y el escenario actual podría empujar a una nueva reorganización interna si las bancadas lo consideran necesario.
Otros juristas, como Domingo García Belaúnde y Ernesto Blume, han evitado pronunciarse públicamente de forma independiente. Ambos integran el equipo de defensa legal de Boluarte y representan su posición ante el Tribunal Constitucional, lo que limita su participación como voces neutrales en este debate.
Otro punto aún sin resolver es si quien asuma deberá completar el mandato presidencial hasta 2026 o convocar a elecciones generales anticipadas. La Constitución exige elecciones “inmediatas” en caso de impedimento permanente, pero no establece plazos concretos. Rospigliosi, en la misma entrevista, consideró que una convocatoria electoral sería obligatoria, aunque desde el Congreso este tema todavía no ha sido abordado con claridad.
Por ahora, lo único evidente es que una eventual vacancia no pondría fin a la crisis política. Solo abriría una nueva etapa, igual de incierta.