El sindicato de trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Áncash solicitó la suspensión del concurso 728 (Indeterminado 01-2025) por presuntas irregularidades en el proceso. Este concurso tiene como objetivo cubrir plazas judiciales, pero según los trabajadores, no se ha transparentado la información sobre los puestos disponibles.
Dylan Nieto, secretario general del sindicato, explicó que la institución debe primero “sincerar las plazas”, es decir, confirmar cuáles realmente son concursables, para evitar que se vulneren derechos laborales de los trabajadores judiciales.
“El concurso debería lanzarse solo después de verificar las plazas. Así se protege a nuestros compañeros y se garantiza la transparencia del proceso”, señaló Nieto.
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato es un posible conflicto de intereses. Algunos trabajadores de confianza del presidente de la Corte participan en el concurso, lo que podría generar dudas sobre la imparcialidad del proceso. Por ello, los sindicalistas piden que el presidente dé un paso al costado mientras se resuelven estas situaciones.
La comisión encargada del concurso está integrada por el presidente de la Corte, el gerente de administración, el coordinador de personal y veedores externos de la Oficina Desconcentrada de Control de la Administración Nacional (ODAN). Según Nieto, esta estructura también requiere ajustes para evitar que quienes supervisan el proceso sean, al mismo tiempo, parte interesada.
Como medida preventiva, el sindicato propone suspender temporalmente el concurso y verificar las plazas con la Gerencia Nacional de Recursos Humanos del Poder Judicial. Esto permitiría contrastar información y asegurar que ninguna plaza adjudicada afecte derechos laborales existentes.
“El objetivo es evitar suspicacias y proteger la imagen de la institución. Queremos que el proceso sea transparente y que todos los participantes tengan igualdad de condiciones”, concluyó Nieto.