En la ciudad de Huaraz, representantes del Ministerio Público realizaron un operativo inopinado en varios establecimientos dedicados a la venta de gas licuado de petróleo (GLP).
La intervención tuvo como objetivo verificar las condiciones de seguridad de los locales y reducir el riesgo de incidentes provocados por el manejo inadecuado de balones de gas.
El operativo se desarrolló en las zonas del jirón 13 de diciembre y el barrio de Tacllán, áreas donde funcionan varios negocios minoristas de GLP. Las autoridades revisaron las instalaciones, el almacenamiento de los balones y las licencias de funcionamiento, en cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.
Verificación de medidas preventivas y licencias
Durante la inspección, se entregaron recomendaciones a los encargados de los locales para que implementen las medidas de seguridad necesarias, como ventilación adecuada, señalización de riesgo, extintores operativos y control de fugas.
Asimismo, se exhortó a los comerciantes a regularizar sus permisos municipales y registros de distribución, considerando que el gas doméstico es un producto altamente inflamable.
Según las autoridades, varios establecimientos presentaban deficiencias en sus sistemas de seguridad, lo que representa un peligro tanto para los trabajadores como para los vecinos de las zonas urbanas.
Prevención para proteger a las familias huaracinas
El Ministerio Público precisó que esta acción busca proteger la vida y la integridad de las familias, especialmente en sectores donde el almacenamiento de gas se realiza sin las condiciones técnicas adecuadas.
En los últimos meses, los incendios por fugas de gas doméstico han generado preocupación en distintas ciudades del país, por lo que se reforzarán los operativos preventivos en locales informales o sin licencia.
Continuarán las inspecciones en la provincia de Huaraz
Las autoridades anunciaron que continuarán con las inspecciones en otros puntos de la provincia de Huaraz para asegurar que todos los establecimientos de venta de GLP cumplan con los estándares establecidos por ley.
Estas acciones forman parte de una estrategia de prevención permanente para reducir el riesgo de explosiones, fugas y accidentes vinculados al uso doméstico del gas.