Millones en canon desperdiciados mientras crece la pobreza en Áncash
La región más beneficiada por el canon minero en Perú enfrenta una paradoja: abundancia de recursos y persistencia de anemia infantil, pobreza, servicios básicos precarios y abandono del desarrollo económico.
Áncash, una de las regiones más ricas del país en recursos mineros, ha recibido S/ 22 891 millones por concepto de canon y regalías mineras entre 2004 y 2025. Solo en julio de este año lideró la recaudación nacional con S/ 1 344 millones, gracias principalmente a la operación de Antamina. Sin embargo, esta bonanza no se traduce en bienestar: la anemia infantil, la pobreza multidimensional y la falta de servicios básicos siguen marcando la realidad de miles de ancashinos.
Dinero que no se ejecuta
Mientras los cerros se vacían de cobre, oro y zinc, las cuentas públicas se llenan de dinero que no se invierte o se invierte mal. En 2024, los gobiernos locales dejaron de usar más de S/ 1 300 millones del presupuesto de inversión. San Marcos (Huari), por ejemplo, recibió S/ 849 millones, pero solo ejecutó el 43,6 %. Allí aún persisten problemas de agua potable y alcantarillado.
“Tenemos dinero, pero no tenemos proyectos viables ni personal capacitado para ejecutarlos”, admite un funcionario municipal.
La falta de planificación, la alta rotación de autoridades y la escasa profesionalización técnica agravan el problema.
Brechas que no se cierran
Cuatro de cada diez niños menores de cinco años en Áncash tiene anemia. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del INEI (2024), la prevalencia alcanza el 40,2 %, afectando sobre todo a menores de zonas rurales. Esto significa que miles de niños crecen con deficiencia de hierro, limitando su desarrollo cognitivo, físico y emocional. La anemia no es solo un problema médico, sino un síntoma de abandono estructural.
En provincias como Huari, Pallasca y Corongo, la anemia supera el 45 %.
La falta de agua potable y alimentación balanceada agrava el problema.
Los programas de suplementación no llegan con regularidad y los centros de salud carecen de personal especializado.
Infraestructura sanitaria colapsada
Mientras los niños enfrentan anemia, los hospitales viven su propio abandono. El Hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz, principal centro de referencia regional, opera con equipos obsoletos y déficit de especialistas. Las listas de espera en pediatría y cirugía superan los tres meses. En muchos distritos, simplemente no hay postas médicas operativas.
El Hospital Regional La Caleta, en Chimbote, sigue en construcción tras más de cinco años.
El nuevo hospital regional de Huaraz aún no cuenta con financiamiento completo.
Ninguno de estos proyectos se ejecuta con fondos del canon, sino con recursos del gobierno central o mediante la modalidad de Obras por Impuestos.
Pobreza multidimensional: más que ingresos bajos
El 34,1 % de la población ancashina vive en pobreza multidimensional, según el INEI. Esto significa que más de 400 000 personas carecen simultáneamente de acceso adecuado a salud, educación, vivienda, agua potable y conectividad digital.
En zonas rurales, el agua segura es escasa y el alcantarillado casi inexistente.
La conectividad digital no llega al 60 % de los centros poblados.
Las escuelas rurales presentan techos de calamina, aulas sin luz y baños insalubres.
Gestión pública sin continuidad
La alta rotación de funcionarios impide cualquier planificación sostenida. Los gerentes municipales duran en promedio solo diez meses en sus cargos, lo que provoca:
Pérdida de conocimiento técnico.
Paralización de proyectos.
Dependencia de asesores externos sin arraigo local.
El 65 % de municipalidades carece de capacidad técnica para formular proyectos viables, lo que se traduce en:
Sub ejecución del presupuesto.
Obras mal diseñadas o sin impacto social.
Incapacidad para responder ante emergencias sanitarias o climáticas.
Economía estancada y vías olvidadas
El canon tampoco se invierte en diversificar la economía regional. El turismo, con enorme potencial en la Cordillera Blanca y el Callejón de Huaylas, carece de promoción e infraestructura. El agro, base de subsistencia para miles de familias, no recibe apoyo técnico ni inversión en riego, semillas o capacitación.
Las vías de comunicación siguen deterioradas: carreteras sin mantenimiento, trochas intransitables y puentes colapsados dificultan el comercio y el acceso a servicios. Aunque se han anunciado proyectos como la carretera Yungay–Llanganuco–Yanama, estos se ejecutan bajo modalidad de gobierno a gobierno, no con fondos del canon.
El modelo centralista del Estado asfixia el desarrollo regional: las decisiones se toman en Lima, mientras los gobiernos locales carecen de autonomía real y recursos humanos para ejecutar proyectos.
¿Dónde está el dinero?
La fórmula de distribución del canon favorece a los distritos cercanos a las minas, como San Marcos, Chavín de Huantar o Huallanca. Otros distritos con alta pobreza y sin actividad minera reciben montos ínfimos. Esta desigualdad genera tensiones sociales y alimenta el sentimiento de abandono.
“Es frustrante ver cómo se construyen estadios y piscinas en algunos distritos, mientras en otros no hay postas médicas ni agua potable”, reclama una dirigente comunal de Aija.
Expertos en gestión pública advierten que el problema no es solo de distribución, sino de capacidad técnica: muchos municipios carecen de profesionales calificados y la rotación constante impide continuidad.
Voces desde el territorio
Ladislao Cruz, alcalde de Independencia:
“Más del 50 % de nuestro presupuesto está retenido por observaciones administrativas. No tenemos ingenieros bien pagados y los permisos ambientales se tramitan en Lima. La Contraloría genera miedo, no asistencia técnica.”
Fredy Otárola, ex presidente del Congreso:
“La corrupción está en la génesis de muchas obras. Se diseñan para beneficiar empresas, no comunidades. Si un distrito no ejecuta, el canon debería redistribuirse dentro de la región. La Contraloría debe intervenir desde el inicio.”
Doris Camino, Centro Federado de Periodistas:
“Hay 168 municipalidades dispersando dinero sin planificación. Se priorizan obras visibles, no estructurales. El gobierno transfiere sin exigir proyectos viables. Se necesita asistencia técnica, un fondo fiduciario y transparencia digital.”
Porfirio Cacha, líder de AGOEMA:
“El turismo no recibe inversión porque no genera cemento ni diezmo. Hay más de 200 obras paralizadas por corrupción. El canon debe asignarse por ley a sectores como turismo y agricultura.”
Nilton Rodríguez, periodista:
“La inequidad es brutal. Distritos como Quillo tienen igual población que San Marcos, pero no reciben canon. Los alcaldes no saben cómo usar el dinero. Se necesita redistribución legislativa y metas obligatorias.”
Obras paralizadas
La parálisis de obras públicas en Áncash se ha convertido en un síntoma crónico de mala gestión y corrupción. Según reportes oficiales, existen 177 proyectos detenidos, muchos financiados con recursos del canon. El valor total de estas obras inconclusas supera los S/ 1 911 millones. En 2025, la ejecución presupuestal del canon apenas alcanzó un tercio de lo disponible, lo que evidencia una incapacidad estructural para transformar recursos en infraestructura útil.
Entre 2019 y 2023 se firmaron 3 430 contratos por S/ 3 039 millones con empresas sancionadas por obras deficientes, falsificación de documentos o incumplimientos contractuales. Pese a estar inhabilitadas por el OSCE y el Tribunal de Contrataciones, muchas continúan operando en zonas de canon, aprovechando vacíos legales y redes locales de influencia.
Denuncias por corrupción
Las denuncias por corrupción se acumulan, especialmente por el mal uso del canon y las regalías mineras. En Yuracmarca, entre 2023 y 2024, se desviaron S/ 2,1 millones mediante cheques emitidos fuera del sistema oficial SIAF. Las obras previstas nunca se realizaron.
En sus primeras auditorías de 2025, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en ocho proyectos del canon, con sobrecostos, incumplimientos y deficiencias técnicas graves. Los municipios de Chavín y San Marcos fueron los más observados.
Otro foco de cuestionamiento gira en torno a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que recibió S/ 840 millones para contratar obras públicas en Áncash. Especialistas advierten que esta modalidad habría sido usada para evadir mecanismos de fiscalización, debilitando el control estatal.
También se reportó un gasto de S/ 3 millones en una campaña contra el dengue, pese a que el vector no está presente en la región. El desembolso, sin sustento epidemiológico, refuerza las sospechas de uso arbitrario y clientelar del presupuesto regional.
