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Vendedores de chips investigados por posible uso ilícito de las líneas

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Vendedores de chips investigados por posible uso ilícito de las líneas

La Policía incautó cerca de 60 chips y equipos vinculados a su activación, mientras tres de los cuatro intervenidos continúan en investigación en libertad.

Comprar chips de telefonía en la calle puede parecer práctico, pero en Huaraz esta práctica representa un riesgo real: las líneas adquiridas de manera informal podrían ser usadas para extorsión, suplantación de identidad y otros delitos.

Así lo confirmó Javier Mori Oriundo, jefe de la DIVINCRI Huaraz, quien informó que cuatro personas fueron intervenidas en la avenida Antonio Raimondi con el jirón San Cristóbal por ofrecer chips de manera irregular. Tres de ellas permanecen bajo investigación en libertad por no presentar la documentación que avale su comercialización, mientras que un cuarto intervenido sí contaba con permisos válidos.

Durante el operativo, la Policía incautó casi 60 chips, autenticadores biométricos y teléfonos móviles, los cuales serán analizados para determinar su trazabilidad y legalidad. “Estos chips los adquieren personas inescrupulosas y pueden utilizarse para extorsiones o suplantación”, señaló Mori.

El procedimiento evidencia cómo funciona la venta callejera: una cadena informal que mueve las tarjetas desde un vendedor hasta posibles coordinadores de la red. “Es una cadena: Juanito le vendió a Pablito y Pablito a Roger… tenemos que identificar la cabeza de esto”, explicó el jefe policial.

La acción se enmarca en el Decreto Supremo 128‑2025‑PCM, que tipifica la activación y comercialización ilícita de líneas móviles y establece sanciones para quienes las utilicen con fines delictivos. La norma responsabiliza tanto a vendedores como a posibles operadores detrás de la cadena, reforzando el control sobre la distribución de chips y la trazabilidad de las líneas.

Las autoridades advierten que adquirir chips en la vía pública no solo reduce la trazabilidad de las comunicaciones, sino que también expone a los ciudadanos a estafas y delitos. La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades penales y administrativas de los implicados.

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