La prefecta regional de Áncash, Pamela Serafín, informó que se mantiene un monitoreo constante sobre la tensión social en Sihuas, donde la población realizó una movilización para exigir cambios en el sistema de justicia y atención a denuncias que consideran pendientes.
Reclamos por Fiscalía, Poder Judicial y autoridades locales
De acuerdo con Serafín, los manifestantes demandan la rotación de fiscales, mejoras en la atención de casos judiciales y respuestas sobre denuncias que —según los vecinos— no habrían sido tramitadas oportunamente.
También señaló que existe malestar por la situación del alcalde de Sicsibamba, cuyo caso se ha convertido en uno de los puntos más sensibles dentro del conflicto.
Antes de la marcha, se llevó a cabo una reunión en Lima con representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, PCM y otras instituciones. “Los ronderos fueron atendidos y ahora se espera el pronunciamiento del Poder Judicial”, precisó.
Movilización del 19 de noviembre: seguimiento y seguridad
La prefecta confirmó que existe un trabajo articulado con la Policía Nacional para supervisar las acciones realizadas durante la movilización del 19 de noviembre. Señaló que se respeta el derecho a la protesta, siempre que no se afecte el orden interno ni se dañen bienes públicos o privados.
Otro foco de conflicto:
Serafín también informó que se monitorea una situación paralela, donde se cuestiona la presencia de un grupo de ronderos no reconocidos.
El alcalde denunció en el Coresec que este grupo lo habría obligado a caminar por la plaza y que se registraron incidentes con periodistas. La prefecta pidió un informe para identificar a los involucrados y evaluar un mecanismo de diálogo.
Mientras tanto, autoridades políticas de la provincia continúan alertas ante cualquier eventualidad.