Ayer en horas de la noche, un operativo en Huaraz intervino varios bares y cantinas del Jirón 13 de Diciembre. La acción contó con la participación de la Subgerencia de Control de Comercialización, la fiscalía de Prevención del Delito, la fiscalía de Familia y la PNP. Durante el operativo, los locales que funcionaban sin licencia fueron clausurados, sus bienes retenidos y los responsables sancionados con papeletas de infracción.
Este operativo forma parte de una serie de intervenciones recientes que muestran un patrón de control recurrente sobre bares y cantinas irregulares o informales en Huaraz, buscando garantizar el cumplimiento de las normativas municipales y de seguridad en el centro de la ciudad.
Por ejemplo, durante los primeros meses de 2025, la comuna provincial reportó que en sólo tres meses se cerraron 47 locales y se impusieron 219 sanciones por diversas faltas, entre ellas la carencia de licencia de funcionamiento, certificados técnicos de seguridad y condiciones sanitarias.
En esa revisión se advirtió que un alto porcentaje de bares clandestinos operaban en jirones como 13 de Diciembre, Caraz, Cajamarca y Las Américas.
Otro antecedente: en 2024 la municipalidad también clausuró bares y cantinas en el barrio Villasol por falta de permisos, incumplimientos de normas de seguridad y operación en clandestinidad.
Aun así, los vecinos del Jirón 13 de Diciembre han denunciado en más de una ocasión la persistencia de violencia, peleas y desórdenes vinculados al funcionamiento irregular de estos establecimientos, lo que evidencia un problema de larga data respecto al control del comercio nocturno.
Este contexto sugiere que los operativos recientes no son hechos aislados, sino parte de un esfuerzo (o intento) de poner orden en zonas con bares clandestinos o irregulares. Pero también plantea preguntas sobre la eficacia sostenida de estas intervenciones: muchos locales clausurados han sido denunciados por volver a operar bajo nuevos nombres o administradores, lo que complica su control.
Para ciudadanos y autoridades, el reto parece consistente: garantizar que las sanciones sean definitivas, que se respeten las normativas municipales —licencia de funcionamiento, certificados de seguridad y salubridad— y que los controles se mantengan de forma permanente para evitar que los locales irregulares reaparezcan.