El abogado Nicolás Molina, representante legal de los proveedores de EDUCA, informó que continúa la incertidumbre respecto a la deuda que mantiene el Gobierno Regional de Áncash (GRA) por la construcción del Colegio Santa Rosa, la cual supera los S/ 3 millones.
Molina señaló que, tras la resolución del contrato, el GRA debió realizar una preliquidación para determinar si existía o no deuda con la empresa y verificar la correcta ejecución de la obra. Sin embargo, indicó que no se efectuó un adecuado monitoreo del fideicomiso, mecanismo que reemplazó a las cartas fianza de fiel cumplimiento y adelanto de obra.
«Estamos viendo que hay un pago irregular cobrado por el consorcio que debe devolverse, según los documentos emitidos por la misma región. Se habla de S/ 5.2 millones. Desde ahí ya existen responsabilidades administrativas y penales», indicó. Agregó que, pese a que el GRA retiene las dos últimas valorizaciones aprobadas, el monto no cubre la totalidad del dinero que salió de manera indebida.
El abogado explicó que los adelantos destinados a compra de materiales y ejecución tampoco están siendo cubiertos con el fideicomiso, pues este habría liberado más recursos de los debidos. Según detalló, ante una resolución de contrato, el fideicomiso debió cortarse inmediatamente para evitar riesgos financieros.
Sobre la posición del GRA, Molina cuestionó que el gerente general señale que no existe vínculo con los proveedores ni trabajadores afectados. Recordó que existe una cesión de derechos otorgada por el contratista a favor de proveedores y obreros, quienes suministraron materiales y mano de obra en la ejecución del colegio.
«Ellos sí pueden exigir el pago al Gobierno Regional. La administración sabe que hay una cesión de derechos válida, pero no emiten un informe legal. En la administración pública todo debe constar por escrito, y hasta hoy no existe un pronunciamiento», sostuvo.
Respecto a las reuniones sostenidas con funcionarios del GRA, Molina afirmó que no se ha llegado a ningún acuerdo. «No hay decisión concreta. El gobernador, como titular de pliego, debe encarar este tema porque no solo se trata del pago a proveedores, sino del reinicio de la obra, que afecta directamente al sector Educación», finalizó.