La luna de miel del presidente José Jerí ha llegado a su punto límite. La tregua política natural que suele acompañar a una transición se ha agotado frente a un escenario donde la criminalidad no solo no retrocede, sino que escala con rapidez. Y la advertencia no proviene esta vez de sectores aislados, sino de los gremios de transporte más grandes del país: o se gobierna con resultados concretos o el Perú se paralizará.
Los datos no admiten eufemismos. Según el análisis del ingeniero Juan Carbajal sobre cifras del Sinadef, entre el 10 de octubre y el 4 de diciembre —ya bajo la administración Jerí— se registraron 306 homicidios a nivel nacional. A ello se suman 35 muertes violentas clasificadas como “ignoradas”. Más reveladora aún es la tendencia histórica: el promedio diario de homicidios ha escalado a 5.56, la cifra más alta de la última década.
Con PPK el promedio era 1.88; con Vizcarra, 2.87; con Sagasti, 3.63; con Castillo, 4.22; y con Boluarte, 5.25. Ese es el marco real en el cual Jerí gobierna hoy.
La violencia, además, ha dejado de respetar límites urbanos y simbólicos. El asesinato a balazos cerca de Larcomar, y el crimen ocurrido a escasos metros de la residencia presidencial, exponen una ruptura evidente: el control territorial se ha debilitado incluso en los espacios de máxima visibilidad estatal. Si el crimen organizado opera con esa libertad en zonas vigiladas, ¿qué le queda al resto del país?
Frente a este panorama, los gremios de transporte han solicitado una reunión inmediata con el Ejecutivo y han presentado un pliego que no es político sino operativo:
- fortalecimiento real de unidades contra la extorsión,
- protección efectiva de denunciantes,
- bloqueo sistemático de cuentas y líneas usadas para extorsión,
- reformas legislativas hoy pendientes,
- articulación verificable entre PNP, Ministerio Público y Poder Judicial.
No es una lista retórica: es una agenda medible.
La crisis tampoco es ajena a Áncash. Las denuncias de extorsión a transportistas interprovinciales y turísticos reproducen el mismo patrón observado en Lima y Callao. La criminalidad ya no es un fenómeno focalizado; se ha expandido territorialmente, alcanzando zonas con menor capacidad operativa.
En este contexto, el Gobierno ha apostado por una comunicación digital sostenida, con presencia constante en redes y un esfuerzo por proyectar cercanía y liderazgo. Sin embargo, el deterioro de los indicadores de seguridad revela una desconexión evidente entre narrativa y gestión. La popularidad digital no resuelve la inseguridad si los indicadores siguen creciendo.
El presidente Jerí enfrenta su punto de quiebre: demostrar que la transición tiene conducción real y no solo acompañamiento discursivo. Si no responde con acciones verificables, no solo enfrentará el paro anunciado por los transportistas, sino que podría abrir una nueva etapa de inestabilidad política, en pleno antesala electoral.
La seguridad no es un mensaje. Es una decisión política. Y debe tomarse ya.