Áncash: fiscalización minera enfrenta limitaciones mientras crece el riesgo de minería ilegal

El director regional de Energía y Minas de Áncash, Ricardo Castillejo, señaló que la fiscalización ambiental minera realizada durante el 2025 permitió cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan EFA y las disposiciones del ministerio del sector, aunque reconoció que no se logró una cobertura total en la región.

Castillejo indicó que la extensión territorial de Áncash y la cantidad de operaciones mineras existentes dificultan llegar al 100% de las fiscalizaciones. No obstante, sostuvo que el desempeño del año pasado fue positivo en términos generales, según lo evaluado por su dirección.

Pérdida de competencias y nuevas responsabilidades

El funcionario explicó que la Dirección Regional perdió competencias directas en el proceso de formalización minera, un rubro que anteriormente estuvo bajo su responsabilidad. Precisó que actualmente solo realizan seguimiento y acompañamiento a la Fiscalía y a la Policía en intervenciones vinculadas a denuncias ambientales.

Señaló además que, si bien se les han asignado nuevas funciones, estas no han venido acompañadas de recursos económicos ni de personal adicional, lo que limita la capacidad operativa de la entidad.

Formalización minera y plazos para el 2026

Castillejo informó que, tras la reciente modificatoria legal que amplía el proceso de formalización minera hasta diciembre de 2026, la región tiene un plazo de 60 días para remitir el acervo documentario correspondiente al ministerio. Sin embargo, advirtió que actualmente no cuentan con personal exclusivo para esta labor.

Indicó que, ante esta situación, se tiene previsto solicitar presupuesto al Ministerio de Energía y Minas para la contratación de personal que permita cumplir con los plazos establecidos.

Alza de precios y riesgo ambiental

En relación con el contexto económico, el director regional señaló que el incremento internacional del precio del cobre, la plata y el oro favorece a la actividad minera formal, pero también genera un escenario propicio para el crecimiento de la minería ilegal.

Según explicó, los altos precios hacen rentable la extracción incluso con bajos volúmenes de mineral, lo que incrementa la presión sobre el control ambiental en la región.