DREA detecta presuntos malos manejos en UGEL Antonio Raimondi

El asesor legal de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA) informó que, durante una visita de verificación realizada a la UGEL Antonio Raimondi, se identificaron presuntos malos manejos administrativos, presupuestales y de recursos humanos que involucrarían a entre seis y siete servidores públicos de dicha entidad.

La inspección se efectuó en compañía del director regional de Educación y de la consejera regional por la provincia de Antonio Raimondi, con la finalidad de atender múltiples denuncias que alertaban sobre irregularidades en los procesos de adquisición y en la gestión interna de la institución.

Según se detalló, en diciembre se habrían realizado compras por más de 400 mil soles mediante órdenes fraccionadas que no superaban las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), presuntamente para evitar los procesos de selección establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se advirtió que parte de estas adquisiciones se efectuaron pese a la existencia de almacenes con material aún no distribuido, adquirido incluso durante el año 2024.

Durante la verificación también se hallaron deficiencias en el manejo documentario, como expedientes de contratación sin foliación ni sustento adecuado, pagos devengados antes del ingreso real de los bienes, ausencia de control previo por parte del área de contabilidad y la inexistencia de registros de almacén tipo kardex que permitan llevar un control de entradas y salidas de bienes.

En el ámbito de recursos humanos, se detectaron presuntas irregularidades en los procesos de selección de personal y en la aplicación de sanciones disciplinarias, incluyendo la reducción injustificada de sanciones propuestas por el órgano instructor, lo que podría constituir nuevas faltas administrativas.

El asesor legal precisó que los presuntos responsables corresponderían a áreas como administración, tesorería, contabilidad, almacén, abastecimientos y personal. La documentación recabada será remitida a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) y, en los casos que lo ameriten, al Ministerio Público y a la Procuraduría Pública Regional para el inicio de las acciones legales correspondientes.

Las investigaciones se realizarán conforme a los plazos y procedimientos establecidos por ley, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.