“Un menor no comete delitos, comete infracciones”: fallo del TC abre debate sobre justicia juvenil

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la Ley N.º 32330, norma aprobada en 2025 que permitía procesar penalmente como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves, al reafirmar que la edad mínima de imputabilidad penal en el Perú es de 18 años. Con este fallo, el máximo intérprete de la Constitución precisó que los menores infractores no deben ser sometidos al régimen penal de adultos.

En entrevista con Milagros Vargas para Ahora es Noticia, el abogado Vladimir Paucar explicó el sustento jurídico de la sentencia y marcó la diferencia legal entre adultos y menores de edad. “A los 18 años se adquiere la plena capacidad civil y penal. Un mayor de edad comete delito; un menor comete una infracción”, señaló, precisando que esta distinción es estructural dentro del sistema de justicia.

Siguiendo la línea establecida por el TC, Paucar indicó que, mientras un adulto cumple condena en un penal, un adolescente infractor debe ser internado en un centro de rehabilitación bajo el marco del Código de los Niños y Adolescentes, sustentado en el principio del interés superior del niño. “No estarán libres; reciben tratamiento, seguimiento y sanciones acordes a su edad”, precisó.

El fallo ha generado debate en regiones como Áncash, donde actualmente 14 adolescentes de entre 16 y 17 años permanecen recluidos en el penal Cambio Puente, en la provincia del Santa. Tras la sentencia, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo señalaron que estos menores deben ser trasladados de inmediato a centros de rehabilitación especializados.

Reforzar la justicia penal juvenil

Como conclusión, Paucar remarcó que la lucha contra la delincuencia juvenil no se resuelve únicamente con el endurecimiento de leyes. “Es un tema de estrategia”, afirmó, proponiendo fortalecer la justicia penal juvenil y evitar cualquier forma de impunidad, incluso en los actos cotidianos. En ese sentido, señaló que la solución debe ser integral y no limitarse al marco legal, sino también apuntar a una reforma estructural en la educación y al fortalecimiento de los valores familiares.