La Contraloría General de la República ha detectado graves irregularidades en el proceso de contratación para la ejecución y supervisión de la obra de mejoramiento de la Institución Educativa Micelino Sandoval Torres, ubicada en Caraz, provincia de Huaylas, Áncash. El monto total de la inversión es de S/ 46,204,467 para la ejecución y S/ 1,593,702 para la supervisión. El proyecto fue adjudicado a un consorcio ganador que habría presentado documentación inexacta para acreditar la experiencia de su plantel profesional.
El informe menciona que, durante el proceso de licitación pública para la obra en mención, el comité de selección descalificó a los postores en segundo y cuarto lugar del orden de prelación, a pesar de que estos cumplían con los requisitos establecidos en las Bases Integradas. El comité argumentó la falta de obligaciones en contratos de consorcio y cuestionó la veracidad de la experiencia de los postulantes en el sector privado.
Lo grave: La entrada de documentos falsos sin la debida verificación
La buena pro terminó otorgándose al postor en octavo lugar, el cual, para acreditar la experiencia de su plantel profesional, presentó documentos con información inexacta según lo advertido por la Contraloría.
El informe de auditoría también revela que la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales no cumplió con su responsabilidad de verificar la documentación presentada por el consorcio ganador de la obra. La falta de verificación integral permitió que se perfeccionara el contrato, a pesar de las irregularidades en la documentación presentada por el postor ganador.
La misma falta de verificación se observó en la adjudicación del servicio de supervisión de la obra, donde el postor ganador presentó documentación inexacta para acreditar la experiencia de su personal.
Posibles responsabilidades penales y administrativas
El órgano de control ha señalado que existirían responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas. En particular, se señala a tres exfuncionarios y un funcionario actual, quienes habrían cometido negligencias durante el proceso de contratación. Esto ya ha sido notificado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y al Gobierno Regional de Áncash para que se inicien las acciones legales correspondientes y se determinen las responsabilidades pertinentes.
