El reciente y trágico suicidio de una mujer en Áncash, víctima de una ansiedad que la consumió en silencio, ha sacudido nuestra conciencia colectiva. No es un caso aislado. Es una alarma que no cesa de sonar. Y, sin embargo, seguimos sin oírla.
Lo que ocurrió esta semana no es una excepción: es el síntoma de una epidemia emocional que crece en silencio. La pospandemia nos dejó heridas abiertas, pero la mayor de todas no es visible: la crisis de salud mental que atraviesa hogares, aulas y centros de trabajo en todo el país, y con especial crudeza en regiones como la nuestra.
Según la Defensoría del Pueblo, 8 de cada 10 personas que requieren atención en salud mental en el Perú no la reciben adecuadamente. En Áncash, los datos son todavía más reveladores: solo en 2023 se reportaron más de 15 mil personas con problemas psicosociales, pero apenas 2.231 culminaron su tratamiento. Eso significa que más del 85% quedó desatendido o sin seguimiento. El silencio, una vez más, se impuso sobre la atención.
Hoy, en el Perú, la salud mental no es prioridad. Es una asignatura pendiente que se desangra sin presupuesto, sin propuestas políticas y sin voluntad real de cambio. Mientras el mundo discute sobre bienestar emocional, aquí seguimos asociando ansiedad con fragilidad y depresión con flojera.
El contraste duele: frente a una fiebre se receta paracetamol; frente a un ataque de pánico, se receta silencio.
Y ese silencio está enfermando -y matando- a nuestra gente.
Las redes sociales nos prometieron conexión, pero nos devolvieron aislamiento. Hemos cambiado la sobremesa familiar por el brillo gélido de una pantalla. Escuchamos a desconocidos, pero ignoramos al que tenemos al lado.
Esa desconexión no es neutra. Sus consecuencias son devastadoras. Y el sistema no responde. En toda Áncash existen apenas nueve Centros de Salud Mental Comunitaria, insuficientes para una región geográficamente extensa y socialmente fragmentada. En las escuelas, la situación es aún peor: sin psicólogos, sin contención, sin protocolos. Nuestros niños y adolescentes enfrentan bullying, violencia doméstica y pensamientos suicidas con un Estado que responde con un “no hay personal” o “no hay presupuesto”.
Pero lo más grave no es la falta de recursos, sino la orfandad de políticas públicas. A semanas de elecciones cruciales, ningún candidato regional o nacional ha presentado propuestas concretas sobre salud mental. Solo generalidades, spots y lugares comunes.
Es hora de exigir más. La salud emocional no es un lujo ni una moda. Es un derecho. El derecho a ser escuchados, contenidos, atendidos.
Y también es hora de revisar nuestras respuestas como sociedad.
¿Escuchamos con empatía o respondemos con juicio?
¿Sabemos detectar el sufrimiento cuando se esconde tras una sonrisa?
Hoy más que nunca, necesitamos políticas públicas que escuchen antes de que sea tarde.
Porque el próximo caso no puede seguir sorprendiéndonos como si fuera el primero.
Porque la salud mental es urgente, y el silencio… ya no puede seguir siendo la única respuesta.