La Contraloría General de la República alertó que más del 60 % de las instituciones educativas supervisadas en la provincia de Huaraz y distritos aledaños presentan serias deficiencias en infraestructura, servicios básicos y condiciones tecnológicas, lo que podría afectar el adecuado desarrollo del año escolar 2026.
El gerente de Control de Áncash, Lenin William Villegas Baca, informó que estas observaciones forman parte de un operativo de control preventivo, mediante visitas realizadas entre el 28 de enero y el 3 de febrero, con el objetivo de verificar las condiciones en que se encuentran los colegios antes del inicio de clases. “Se puede evidenciar que este operativo alerta que un 68 % de colegios presentan deficiencias de infraestructura. Sus paredes y pisos no se encuentran en buenas condiciones, lo que representa un riesgo para los estudiantes”, señaló.
El informe también identificó deficiencias en servicios básicos esenciales. En varios planteles se detectaron fallas en el suministro de agua potable y energía eléctrica, servicios fundamentales para garantizar la higiene, el uso de herramientas educativas y el acceso a internet. Asimismo, el 84 % de las instituciones evaluadas presenta limitaciones en el servicio de internet, lo que afecta el acceso a recursos educativos digitales.
La evaluación incluyó una muestra de 19 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Huaraz, Independencia, Pariacoto, Jangas, Olleros y Taricá. Entre los colegios con observaciones figuran Fray Martín Milagroso, Ricardo Palma, Niño Jesús de Praga, Nuestra Señora de la Asunción, Virgen María Auxiliadora, Ciro Alegría y San Francisco de Asís, entre otros.
También se reportaron carencias de mobiliario, deficiencias en alcantarillado y falta de rampas de acceso, lo que limita la inclusión de estudiantes con discapacidad.
Villegas Baca precisó que el informe ya fue remitido a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huaraz y al Gobierno Regional de Áncash, entidades responsables de implementar las acciones correctivas. “Se ha hecho de conocimiento a los titulares para que tomen las medidas necesarias y puedan garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes”, indicó.
Las autoridades educativas cuentan con un plazo de 45 días para informar sobre las acciones adoptadas y corregir las deficiencias detectadas. La Contraloría señaló que estas medidas buscan asegurar que los escolares inicien el año académico en ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.