Raúl Melgarejo, coordinador de la Oficina Distrital de Defensa Pública de Huaraz, informó sobre la realización de una mega campaña de orientación legal dirigida a beneficiarias de programas sociales y población de escasos recursos económicos.
La actividad tuvo como objetivo acercar los servicios gratuitos que brinda la Defensa Pública en distintas especialidades, entre ellas defensa penal, defensa de víctimas, asistencia legal en temas de familia, conciliación extrajudicial y acompañamiento técnico a través de un equipo multidisciplinario.
Según explicó Melgarejo, el servicio está dirigido principalmente a personas que no cuentan con recursos para contratar una defensa particular. “Brindamos seguridad técnico-legal gratuita en diferentes materias. Siempre estamos predispuestos a realizar una defensa oportuna y eficaz”, señaló.
Aumento de casos y déficit de defensores
El coordinador indicó que actualmente existe una alta carga procesal, especialmente en asistencia legal y defensa de víctimas. Precisó que los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar registran la mayor incidencia en lo que va del año.
En la sede de Huaraz funcionan cuatro defensores especializados en atención a víctimas, quienes trabajan en turnos permanentes las 24 horas del día, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
No obstante, Melgarejo advirtió que existe déficit de defensores frente al crecimiento de la demanda. “Cada mes la carga aumenta y necesitamos mayor presupuesto para ampliar el número de profesionales y garantizar que nadie quede sin acceso a la justicia”, manifestó.
Conciliación gratuita y unidad de flagrancia
Entre los servicios destacados se encuentra la conciliación extrajudicial gratuita, aplicable en casos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, desalojo y obligación de dar suma de dinero. Las actas de conciliación, explicó, tienen valor equivalente a una sentencia judicial en caso de incumplimiento.
Asimismo, informó que la Defensa Pública participa en la unidad piloto de flagrancia, donde un defensor permanece de manera permanente para garantizar el derecho a la defensa tanto de investigados como de víctimas en casos de delitos flagrantes.
La campaña se desarrolló en coordinación con municipalidades locales, con el propósito de ampliar el acceso a orientación legal en sectores vulnerables.