Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, el sistema de inteligencia financiera del Estado peruano identificó una realidad que desde hace años se percibe en diversas regiones del país: la minería ilegal es hoy, según el análisis de la UIF, el principal motor del lavado de activos.
De acuerdo con los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) elaborados por la UIF–Perú y remitidos al Ministerio Público entre enero de 2015 y diciembre de 2025, las cifras son consistentes. En una década, los IIF emitidos por la entidad involucran aproximadamente USD 11 969,7 millones en operaciones sospechosas asociadas a este delito.
Más de la mitad de ese monto —alrededor del 55%— tiene como delito precedente la minería ilegal, confirmando que el oro ilegal y otros minerales no solo devastan territorios, sino que alimentan redes financieras que operan dentro del sistema formal.
El análisis de los IIF muestra que la minería ilegal no se posiciona únicamente como una actividad extractiva informal, sino como un negocio financiero altamente sofisticado. El 48% del monto total identificado en las tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo corresponde al uso de recursos ilícitos o no justificados provenientes de la inversión en el sector minero, principalmente oro ilegal.
Este patrón revela que el dinero no se queda en las zonas de extracción. Por el contrario, fluye hacia inversiones, compra de activos, movimientos bancarios y estructuras empresariales que buscan dar apariencia de legalidad a capitales de origen criminal. El oro se convierte así en un vehículo ideal para facilitar, transportar y almacenar valor.
En segundo lugar, con un 21%, la canalización de fondos ilícitos a través de productos financieros y de inversión —incluyendo cuentas bancarias, transferencias, instrumentos financieros y operaciones comerciales— constituye otra de las principales modalidades identificadas.
La magnitud del problema también se refleja en el volumen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Entre 2015 y 2025, la UIF–Perú recibió 170 553 ROS enviados por bancos, cooperativas, casas de cambio, notarías, empresas y otros sujetos obligados del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Cada ROS representa una señal de alerta sobre movimientos financieros que no guardan relación con la capacidad económica declarada o presentan patrones inusuales en su vinculación a actividades de alto riesgo. Aunque no todos derivan en procesos judiciales, el volumen evidencia una presión constante del crimen organizado sobre el sistema financiero formal.
El fenómeno no se limita al ámbito nacional. Las comunicaciones de Inteligencia Financiera Nacional e Internacional remitidas por la UIF–Perú entre 2015 y 2025 alcanzan un monto aproximado de USD 204 580,7 millones, lo que revela la dimensión transnacional del lavado de activos.
En ese universo de operaciones, la minería ilegal sigue ocupando el primer lugar, con el 39% del monto total. Le siguen los delitos contra la administración pública (16%), el tráfico ilícito de drogas (10%), los delitos contra el patrimonio (4%) y un 31% asociado a otros delitos.
Estos datos confirman que el oro ilegal convive y se articula con otras economías criminales, desde la corrupción hasta el narcotráfico, de acuerdo con los análisis técnicos de la UIF.
Durante años, la minería ilegal fue tratada principalmente como un problema ambiental o laboral. Sin embargo, los informes oficiales muestran que hoy constituye también una de las principales amenazas económicas y de seguridad para el Estado.
El dinero que se lava a través de esta actividad financia expansión territorial, adquisición de armas, corrupción de autoridades y redes criminales, con presencia particularmente en regiones como La Libertad, Pataz, Madre de Dios, Amazonas y el sur andino. Cada dólar que logra ingresar al sistema financiero sin ser detectado fortalece la capacidad operativa de estas organizaciones.
