El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo Nº 026-2026-PCM, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, por peligro inminente ante contaminación hídrica en la subcuenca del río Casca.
La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, permitirá la ejecución de acciones inmediatas y excepcionales para reducir el Muy Alto Riesgo identificado en la zona, así como realizar labores de respuesta y rehabilitación en favor de la población afectada.
La declaratoria se sustenta en la solicitud presentada el 30 de enero de 2026 por el Gobierno Regional de Áncash ante el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entidad que, tras evaluar los informes técnicos emitidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección Regional de Salud y la Municipalidad Distrital de Independencia, concluyó que la población se encuentra expuesta a contaminación por metales pesados en la subcuenca del río Casca.
El informe técnico Nº 000036-2026-INDECI/DIRES determinó que la magnitud del riesgo sobrepasa la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Áncash, configurándose una emergencia de nivel 4, lo que hace necesaria la intervención articulada del Gobierno Nacional.
En ese marco, el Ejecutivo dispuso que el Gobierno Regional de Áncash y la Municipalidad Distrital de Independencia ejecuten medidas de excepción con la coordinación técnica del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, entre otras entidades públicas y privadas involucradas.
Las acciones deberán tener relación directa con el evento de contaminación y podrán ser ajustadas según los estudios técnicos que se desarrollen durante la intervención.
Autoridades locales informaron que este jueves a las 9:00 de la mañana se sostendrá una reunión con los presidentes de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), a fin de coordinar las obras prioritarias que se ejecutarán en conjunto con el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda.
El financiamiento de las acciones previstas se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.